Artículo 1º.- Autorízase a los Servicios de Vivienda y Urbanización para conciliar y eliminar aquellos saldos de las cuentas de los activos y pasivos financieros que sean necesarios para depurar los registros contables y ajustarlos a la efectiva situación patrimonial de dichos Servicios. Asimismo, podrán proceder al castigo de cuentas cuando los créditos sean incobrables por falta de antecedentes o imposibilidad de hecho, o el monto del saldo sea inferior a los gastos que implique su persecución. La aplicación de estas medidas en ningún caso podrá significar condonación. La autorización a que se refiere el inciso anterior sólo podrá ejercerse con respecto a saldos o cuentas existentes a la fecha de publicación del presente decreto ley. La conciliación y eliminación de saldos, como asimismo el castigo de cuentas a que se refiere el presente artículo deberán practicarse mediante resoluciones fundadas del Director del Servicio respectivo.

Artículo 2º.- Los Servicios de Vivienda y Urbanización deberán adoptar las medidas contables que se autorizan dentro del plazo de 180 días contado desde la publicación de este decreto ley. El Ministro de la Vivienda y Urbanismo dictará las instrucciones necesarias para obtener la debida coordinación y uniformidad en el procedimiento de aplicación del presente decreto ley, entre los diversos Servicios de Vivienda y Urbanización del país, dentro de los 90 días siguientes a su publicación.