CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA
Ley 19968 · 179 artículos · Versión BCN: 2004-08-30 · Ver en LeyChile ↗
Si una tercera persona presenta una demanda o denuncia de violencia intrafamiliar en tu favor, el juez te lo informará de manera segura para proteger tu integridad antes de la primera audiencia. También podrá tomar declaración a quien denunció antes de esa fecha.
Para protegerte a ti y a tu familia, el juez de familia puede prohibir al agresor acercarse a ti, a tu casa, trabajo o estudio, y ordenar su salida del hogar común. También puede fijar pensiones de alimentos provisorias y decretar supervisión policial o monitoreo telemático.
Si el juez te otorga la medida de prohibición de acercamiento del agresor, podrá ordenar que se vigile mediante una tobillera electrónica u otro dispositivo de monitoreo telemático. Esto se aplica si hay sospechas fundadas de violencia y si es necesario para garantizar tu seguridad.
Dentro de los 90 días de decretado el monitoreo telemático o tobillera electrónica al agresor, el juez te citará a una audiencia de seguimiento para evaluar si la medida se mantiene o si se pone fin a ella, según el peligro actual.
El juez de familia te notificará rápidamente las medidas de protección dictadas a tu favor y les avisará de inmediato a Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Si es necesario, el tribunal puede ordenar el uso de la fuerza pública y el allanamiento del lugar para protegerte.
El tribunal notificará de inmediato al agresor las medidas de protección en su contra, cuidando siempre tu seguridad. Una vez notificado, se informará rápidamente a la policía y a la fiscalía para que controlen su cumplimiento y quede registro de todo en tu causa.
Si el agresor no cumple las medidas de protección decretadas por el juez, este enviará los antecedentes a la fiscalía por el delito de desacato. Además, como castigo inmediato, el juez de familia puede ordenar el arresto del infractor por hasta 15 días.
Una vez recibida tu demanda o denuncia, el juez citará a ambas partes a una audiencia preparatoria dentro de los diez días siguientes. El demandado tiene la obligación de asistir en persona, y si no va, el tribunal puede ordenar su arresto para obligarlo a comparecer.
Si el juez estima que el agresor no volverá a actuar con violencia, puede suspender el juicio temporalmente si este acepta compromisos económicos y de reparación, o si se somete a medidas de protección por entre seis meses y un año. Las partes pueden usar mediación para acordar esto.
El juez no podrá suspender el juicio por violencia intrafamiliar si considera que el proceso debe continuar, si el agresor ya tiene denuncias o demandas previas por violencia intrafamiliar, o si ha sido condenado antes por delitos contra las personas o de carácter sexual.
Si el agresor cumple todas las condiciones durante un año, el juez archivará la causa y no quedará registro en su certificado de antecedentes de violencia. Pero si incumple los acuerdos o las medidas de protección, el juez dictará de inmediato la sentencia que corresponda.
Si el agresor comete un nuevo acto de violencia intrafamiliar durante el período en que el juicio estaba suspendido bajo condiciones, esa suspensión se cancela. Ambos casos se juntarán en un solo proceso y el juez dictará una única sentencia para los dos hechos.
El juicio por violencia intrafamiliar termina por sentencia del juez, por el cumplimiento de la suspensión condicional o por archivo de la causa. Si el caso se inició por denuncia de un tercero, el juez podrá terminarlo si la víctima lo pide de forma libre y voluntaria.
La sentencia dictada por el juez determinará si existieron actos de violencia intrafamiliar, establecerá si el demandado es responsable y le aplicará la sanción correspondiente. Si hay niños, niñas, adolescentes o adultos mayores afectados, el juez ordenará medidas de protección permanentes.
Los trámites donde no hay disputa entre partes ante el juzgado de familia se resuelven de forma rápida, incluso por escrito. Si el juez lo estima necesario, citará a una audiencia oral donde debes presentar tus pruebas. Puedes solicitar comparecer a esta audiencia por videollamada.
Si un adolescente comete una falta menor, esta se considera una infracción administrativa y la juzgará el tribunal de familia con un procedimiento especial. Se exceptúan los delitos graves, de drogas o faltas de adolescentes mayores de 16 años, que van a la justicia penal juvenil.
En los juicios contra adolescentes por faltas menores se aplicarán las reglas generales de los juzgados de familia, como la oralidad y la mediación, siempre que no contradigan la naturaleza de una infracción administrativa.
El juez de familia del lugar donde el adolescente cometió la falta es el encargado de juzgarlo. Sin embargo, en casos de medidas de protección, el tribunal de la comuna donde vive el menor de edad será el competente definitivo para llevar el caso.
Este juicio especial contra un adolescente puede comenzar directamente con el informe que redacta la policía tras sorprenderlo cometiendo la falta o al recibir una denuncia de un particular. La policía citará de inmediato al joven a su primera audiencia ante el tribunal de familia.
Para la primera audiencia del juicio contra el adolescente, el tribunal debe notificar obligatoriamente a sus padres o cuidadores, al denunciante y al afectado. Todos los citados deben presentarse ese día con sus respectivos medios de prueba.
Si el adolescente no asiste a la citación del tribunal, el juez puede ordenar a la policía que lo busque y lo traiga por la fuerza. Se buscará que esta detención se realice en un horario cercano al de las audiencias del tribunal.
El adolescente acusado de una falta menor ante el tribunal de familia tiene el derecho constitucional a guardar silencio y no declarar si no lo desea.
Al comenzar la audiencia, el juez te explicará tus derechos como adolescente y te preguntará si cometiste la falta. Si aceptas los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato y sin opción a apelar, pudiendo solo amonestarte si no tienes antecedentes.
Si como adolescente niegas la falta o guardas silencio, el juez realizará el juicio de inmediato. Escuchará a los asistentes, recibirá las pruebas y te permitirán hablar antes de decidir si te absuelve o te condena.
Por faltas menores, el juez solo puede imponer al adolescente medidas como una amonestación, reparar el daño, pedir disculpas, pagar una multa de hasta 2 UTM, realizar servicios comunitarios por hasta tres horas o no asistir a ciertos espectáculos por tres meses.
Las sentencias dictadas por el juez de familia que resuelven las infracciones o faltas cometidas por adolescentes son firmes y no se pueden apelar ante un tribunal superior.
Si estás cumpliendo una sanción por una falta cometida como adolescente, tú, tus padres o tu defensor pueden solicitarle al juez que cambie esa sanción por otra diferente mientras dure su cumplimiento.
Si el adolescente no cumple con la sanción impuesta por el juez de familia, el tribunal enviará los antecedentes a la fiscalía para que se le investigue por el delito de desacato.
Si un niño o niña menor de 14 años comete un acto que sería delito o falta, al ser inimputable no se le sanciona, pero el juez de familia citará a sus padres o cuidadores para evaluar su cuidado y educación.
La mediación es un sistema donde un profesional neutral e imparcial ayuda a las partes a conversar y encontrar por sí mismas una solución amistosa a su conflicto familiar. Esta mediación puede realizarse por videollamada si ambos están de acuerdo y existen los medios técnicos.
Las partes en conflicto pueden nombrar de común acuerdo a una persona de su confianza para que les ayude a conversar y alcanzar un acuerdo amistoso fuera de un proceso formal de mediación, en los asuntos que la ley permita.
El mediador debe garantizar tres principios básicos: igualdad, asegurando que ambos participen en las mismas condiciones; voluntariedad, permitiendo retirarse de la mediación cuando lo deseen; y confidencialidad, lo que obliga a mantener en estricto secreto todo lo conversado en las sesiones.
Antes de demandar por alimentos, cuidado de hijos o visitas, es obligatorio intentar una mediación. En otras materias de familia es voluntario. Está estrictamente prohibido mediar en casos de violencia intrafamiliar, divorcio por culpa, adopción o declaración de interdicción.
En las materias de mediación obligatoria, las partes pueden elegir de común acuerdo al mediador del registro del tribunal. Si no hay acuerdo, el juez designará a uno mediante un sistema objetivo y equitativo. También puedes contratar de forma privada a un mediador acreditado.
El mediador fijará la primera sesión y citará a los adultos involucrados, quienes deben asistir en persona o por videollamada junto a sus abogados si lo desean. En esta reunión se explicará cómo funciona la mediación y el valor legal de los acuerdos.
En mediaciones de alimentos, el mediador debe informarte en la primera sesión que puedes pedir alimentos provisorios al juez en cualquier momento. Si el demandado es citado y no asiste sin justificación a la primera reunión, quedas libre para presentar la demanda en el tribunal de inmediato.
La mediación familiar puede hacerse por videollamada si ambas partes están de acuerdo. Deben enviar previamente al mediador sus datos de contacto (correo y teléfono), el consentimiento por escrito para la sesión remota y una copia de sus cédulas de identidad para verificar sus identidades al comenzar.
El proceso de mediación familiar no puede superar los 60 días desde que el juzgado designa al mediador. Si ambas partes están de acuerdo, pueden solicitar al tribunal una prórroga por hasta otros 60 días para tener más reuniones e intentar llegar a un acuerdo.
Si hay acuerdo en la mediación, se firma un acta (física o electrónica) y se envía al juez para su aprobación. Aprobada, vale como sentencia firme. Si la mediación falla, se levanta un acta de frustración sin detalles del conflicto y se envía al tribunal para habilitar el juicio.
Los mediadores familiares deben estar inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia. Cada mediador tiene asignado un territorio específico y solo puede realizar mediaciones en los casos que correspondan a los tribunales de familia de esa zona asignada.
Un mediador será eliminado del registro si fallece, renuncia o deja de cumplir los requisitos. Ante faltas o abusos en su labor, la Corte de Apelaciones respectiva puede amonestarlo, suspenderlo hasta por seis meses o cancelar definitivamente su inscripción de forma permanente.
La mediación sobre alimentos, cuidado de hijos y visitas es gratuita para quienes no tengan recursos, según evalúe el reglamento. Para otras materias tiene costo, pero quienes tengan privilegio de pobreza o asistencia jurídica gratuita no pagarán nada por el servicio.
Este artículo detalla los cargos de funcionarios y el personal administrativo asignado a cada juzgado de familia (como administradores, consejeros técnicos y administrativos), dependiendo de la cantidad de jueces con que cuente el respectivo tribunal.
Establece los grados jerárquicos y la escala de sueldos que corresponden a los jueces, administradores, jefes de unidad y miembros del consejo técnico de los juzgados de familia, según la ubicación de cada tribunal en el país.
Fija los grados jerárquicos y sueldos de los empleados administrativos de los juzgados de familia (jefes, contables y administrativos de distintas categorías), ordenados según la importancia y la ubicación territorial del tribunal.
Aplica a los juzgados de familia las normas de organización del Código Orgánico de Tribunales (como comités de jueces, administración y subrogación). Las Cortes de Apelaciones fijarán anualmente las reglas de distribución de causas entre juzgados de una misma zona.
Toda mención en cualquier ley a los antiguos juzgados o jueces de menores, o a causas de menores, debe entenderse referida hoy a los juzgados de familia, jueces de familia y causas de familia, respectivamente.
Este artículo modifica el Código Orgánico de Tribunales para adaptar los cargos de jueces, secretarios y personal judicial a la nueva estructura de los tribunales de familia, permitiendo además que algunos jueces se dediquen exclusivamente a ciertas materias si hay retrasos.
Modifica la Ley de Menores para eliminar normas antiguas y establecer que el discernimiento de adolescentes imputados por delitos lo resolverá el juez de garantía. Si se determina que no tenía discernimiento, el caso pasará al juez de familia para adoptar medidas de protección.
Modifica la antigua ley de violencia intrafamiliar para traspasar formalmente el conocimiento y tramitación de estos asuntos desde los juzgados civiles a los nuevos juzgados de familia.
Modifica el Código de Procedimiento Civil para suprimir trámites escritos y derivar causas que ahora corresponden a los juzgados de familia, adaptando los procedimientos a la oralidad.
Modifica la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, estableciendo que las demandas se tramitarán en los juzgados de familia bajo sus nuevas reglas procesales y regula la notificación por carta certificada de ciertas resoluciones.
Modifica la Ley de Adopción para adaptar sus trámites a los juzgados de familia. Establece un plazo de 30 días para que los padres que entregaron voluntariamente a su hijo en adopción puedan retractarse, y regula los plazos de las audiencias.
Modifica el Código Civil para exigir que el cónyuge sea citado obligatoriamente a una audiencia antes de que el juez resuelva sobre la declaración de un bien como familiar o autorice ventas de bienes de la sociedad conyugal.
Modifica la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia para asignarle la función de llevar el Registro de Mediadores establecido por la Ley de Matrimonio Civil y los juzgados de familia, además de fijar sus aranceles de cobro.
Modifica las plantas de personal de la Subsecretaría de Justicia para crear nuevos cargos profesionales destinados a la administración y coordinación del sistema de mediadores de familia.
Elimina definitivamente los antiguos juzgados de letras de menores a lo largo del país, los cuales son reemplazados por los nuevos juzgados de familia creados por esta ley.
Elimina los cargos de asistente social que existían en el Escalafón Secundario del Poder Judicial, integrando sus funciones profesionales en los nuevos consejos técnicos de los juzgados de familia.
Establece que en las comunas donde no existan juzgados de familia especializados y las causas sean conocidas por los juzgados de letras comunes, estos últimos deberán aplicar de igual manera los procedimientos, audiencias y mediación de esta ley.
Crea cargos de miembros de consejos técnicos en diversos juzgados de letras del país que tienen competencia en materias de familia, para asesorar a los jueces en estas decisiones especializadas.
Modifica el sistema de remuneraciones del Poder Judicial para reemplazar la categoría de asistentes sociales por la de miembros de los consejos técnicos, fijando sus grados de sueldo respectivos en la escala judicial.
Establece que la ley que crea los juzgados de familia comenzará a regir oficialmente en todo el país el 1 de octubre de 2005.
Dispone que los gastos adicionales que genere la instalación y el funcionamiento de los juzgados de familia se financiarán con cargo a los recursos del Tesoro Público durante su primer año de vigencia.
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Las causas familiares que ya estaban en trámite en los juzgados civiles comunes antes de que comenzara a regir esta ley continuarán tramitándose en esos mismos tribunales bajo las reglas antiguas hasta su término definitivo.
Aclara que las referencias de esta ley a centros residenciales se entenderán hechas a los antiguos Centros de Tránsito y Distribución mientras estos continúen funcionando en el sistema de protección de menores.
Fija un plazo de 90 días desde la publicación de esta ley para que el Presidente de la República dicte el reglamento necesario para detallar la ejecución y aplicación de las nuevas normas.
Regula el primer llamado a concurso público para proveer los cargos de jueces de familia en el país, autorizando un máximo de 128 jueces iniciales y fijando plazos para su designación definitiva.
Establece los plazos para instalar físicamente los locales de los juzgados de familia antes de que entre en vigencia la ley, y otorga a los antiguos jueces de menores el derecho a optar a estos nuevos cargos.
Regula el proceso de selección y evaluación mediante examen obligatorio para los asistentes sociales y psicólogos de los antiguos tribunales de menores que deseen incorporarse a los nuevos consejos técnicos de familia.
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Dispone que la Corporación Administrativa del Poder Judicial aplicará las pruebas de selección correspondientes a todos los postulantes a cargos vacantes del personal administrativo y de empleados de los juzgados de familia.
Establece que la eliminación de los antiguos juzgados de menores ocurrirá seis meses después de comenzar la ley de familia, permitiendo prórrogas temporales si queda una gran cantidad de causas pendientes por resolver.
Establece que las normas sobre el Registro de Mediadores y la creación de cargos profesionales en la Subsecretaría de Justicia comenzarán a regir de forma anticipada el 1 de enero de 2005.
Mientras no comenzaran a regir las leyes sobre responsabilidad penal adolescente y protección de menores, los jueces de familia podían aplicar las medidas cautelares de esta ley a menores imputados de cometer delitos.
Permite al juez decretar la retención cautelar de los retiros excepcionales de fondos de pensiones de las AFP de un cotizante deudor, a petición de parte y de forma rápida, para asegurar el pago de pensiones de alimentos devengadas.
Las AFP deben consultar a todo afiliado que solicite el retiro de fondos de pensiones si tiene deudas de alimentos impagas. Si el afiliado declara que sí tiene deudas alimentarias, la tramitación de su retiro se suspenderá de inmediato.
Los juzgados de familia enviarán periódicamente a las AFP la lista de deudores de pensiones alimenticias liquidadas para que se retengan de inmediato los montos correspondientes de sus fondos de retiro excepcionales autorizados por ley.
Si la AFP recibe la orden de retención cuando el deudor ya retiró sus fondos, debe informar al tribunal los datos del afiliado, el monto, la fecha de retiro y si declaró tener deudas de alimentos al solicitarlo.
