Constitución Política de la República

Mira, todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es fundamental. El Estado debe promover el bien común, tu seguridad y la de tu familia, buscando que todos seamos parte de la sociedad y tengamos igualdad de oportunidades para realizarnos espiritualmente y materialmente.

Nuestros símbolos patrios, los que nos representan como país, son la bandera nacional, el escudo de armas de la República y, por supuesto, nuestro himno nacional.

Chile es un solo Estado, pero su administración se organiza de forma descentralizada para llegar a todos. Se busca que las regiones, provincias y comunas se fortalezcan y crezcan de manera justa y solidaria entre ellas, para que todos tengamos oportunidades.

Chile es una república donde la gente elige a sus representantes y donde se respetan las reglas establecidas. En otras palabras, somos una república democrática.

La autoridad y el poder principal residen en todos los chilenos, en la Nación. Tú lo ejerces cuando votas en elecciones o plebiscitos, y a través de las autoridades. Nadie, ni un grupo, puede atribuirse ese poder, y su límite son tus derechos humanos esenciales.

Todos los organismos del Estado deben cumplir estrictamente la Constitución y las leyes. Estas reglas nos obligan a todos: a los funcionarios públicos, a cada persona, institución o grupo. Si no se cumplen, habrá responsabilidades y sanciones según lo que diga la ley.

Los organismos del Estado solo pueden actuar válidamente si sus integrantes fueron nombrados legalmente y si lo hacen dentro de sus atribuciones y la forma que la ley manda. Nadie puede atribuirse una autoridad o derechos que no le hayan sido dados por la Constitución o las leyes, ¡ni siquiera en casos extraordinarios! Si lo hacen, es nulo.

Quienes trabajan en el sector público deben ser honestos en todo. Los actos del Estado y sus razones son públicos, salvo que una ley muy especial los declare secretos para proteger funciones, derechos, seguridad nacional o interés del país. Además, autoridades como el Presidente o senadores deben declarar públicamente sus bienes e intereses.

El terrorismo es pésimo y va contra tus derechos. La ley específica qué es terrorismo y cómo se castiga. Los que cometan estos delitos no podrán ocupar cargos públicos, dirigir colegios, medios de comunicación o ser líderes de organizaciones sociales por quince años. Estos delitos se ven como comunes, no políticos, y no hay indulto.

Eres chileno si: 1) naciste en Chile (salvo algunas excepciones de hijos de extranjeros que pueden optar); 2) eres hijo de padre o madre chileno nacido fuera; 3) te nacionalizas, o 4) recibes la nacionalidad por una ley especial del Congreso.

Puedes perder tu nacionalidad chilena si: 1) renuncias voluntariamente, pero solo si ya te nacionalizaste en otro país; 2) te vas a la guerra contra Chile; 3) te quitan la carta de nacionalización; o 4) una ley especial revoca tu nacionalidad por gracia. Para recuperarla, solo se puede por ley.

Si una autoridad te quita o desconoce tu nacionalidad chilena, tú o alguien en tu nombre, pueden reclamar ante la Corte Suprema en un plazo de treinta días. Esto detendrá la decisión mientras la Corte decide, y ellos tomarán las medidas para protegerte y arreglar la situación.

Eres ciudadano si eres chileno, tienes dieciocho años cumplidos y no has sido condenado a una pena grave. La ciudadanía te permite votar, postular a cargos públicos de elección popular y ejercer otros derechos. Los chilenos que viven fuera del país también pueden votar en ciertas elecciones desde el extranjero.

Extranjero con más de 10 años en Chile, residencia definitiva, sin salir más de 90 días/año y cumpliendo requisitos (mayor de 18, sin condenas graves), puedes votar. Si te nacionalizaste, postulas a cargos públicos después de cinco años.

Cuando votamos, el sufragio es personal, igual para todos y secreto. Es obligatorio participar en todas las elecciones y plebiscitos, excepto en las primarias. Una ley especial establecerá las multas o sanciones si no cumples este deber, y qué casos estarán exentos.

El derecho a votar se te puede suspender si: 1) una corte te declara con demencia; 2) te acusan de un delito grave o de terrorismo; o 3) el Tribunal Constitucional te sanciona por ciertos temas. En este último caso, recuperas tu derecho después de cinco años.

Puedes perder tu ciudadanía si: 1) pierdes tu nacionalidad chilena; 2) te condenan a una pena grave; o 3) te condenan por delitos terroristas o de tráfico de drogas, también con pena grave. En algunos casos, puedes recuperarla, pidiendo al Senado o según lo que diga la ley.

Existirá un sistema electoral público, regulado por una ley especial, que organizará cómo se vota, asegurando igualdad para independientes y partidos. También se controlará cómo se financian las campañas. Habrá un registro electoral a cargo del Servicio Electoral. Las Fuerzas Armadas y Carabineros resguardarán el orden durante las votaciones.

La Constitución te asegura muchos derechos: el derecho a la vida y tu integridad física y mental; la igualdad ante la ley, sin privilegios ni esclavitud; y la protección de tus derechos, con un abogado si lo necesitas y un juicio justo, ¡nadie puede juzgarte en comisiones especiales!

Si alguien te quita o amenaza tus derechos fundamentales (como la vida, la igualdad, la libertad, etc.) por una acción ilegal o arbitraria, puedes pedirle a la Corte de Apelaciones que te proteja de inmediato. Esto también aplica si tu derecho a un medio ambiente sano es afectado.

Si estás arrestado, detenido o preso de forma ilegal, tú o alguien por ti, pueden pedirle a un juez que te libere o corrija la situación, a través de un recurso de amparo. El juez actuará rápido, ordenando que te presenten ante él y tomando todas las medidas para proteger tu libertad personal y seguridad individual.

Todos los que vivimos en Chile debemos respetar al país y sus emblemas. Como chilenos, tenemos el deber fundamental de honrar la patria, defender su soberanía y ayudar a mantener la seguridad y nuestros valores. El servicio militar y otras obligaciones personales que la ley indique son obligatorias para quienes cumplan los requisitos.

Si los grupos sociales y sus líderes abusan de su autonomía, entrometiéndose donde no les corresponde, serán sancionados. Los cargos directivos de organizaciones gremiales son incompatibles con los cargos directivos de partidos políticos. Habrá sanciones para quienes mezclen indebidamente estas funciones, buscando evitar conflictos de interés.

El Presidente de la República es el Jefe de Estado y tiene a cargo el gobierno y la administración del país. Su autoridad se extiende a mantener el orden público interno y la seguridad externa. Cada 1 de junio, el Presidente informa al Congreso sobre cómo va el país, tanto en lo administrativo como en lo político.

Para ser Presidente, debes ser chileno de nacimiento o por ser hijo de chilenos nacidos fuera, tener al menos 35 años y ser ciudadano con derecho a voto. Durarás cuatro años en el cargo y no podrás ser reelegido de inmediato. Si quieres salir del país por más de treinta días, o en ciertas fechas, necesitas la aprobación del Senado.

El Tribunal Calificador de Elecciones tiene plazos para confirmar quién es el Presidente electo y avisa al Senado. Después, el Congreso se junta en sesión pública para enterarse de la proclamación. Ahí mismo, el Presidente electo jura o promete cumplir fielmente su cargo, cuidar la independencia y respetar las leyes, asumiendo de inmediato.

Si el Presidente electo no puede asumir el cargo, el Presidente del Senado toma su lugar temporalmente como Vicepresidente. Si el impedimento es definitivo, este Vicepresidente debe llamar a una nueva elección. Quien gane esa votación, ejercerá el cargo por el tiempo que le faltaba al Presidente original.

Si el Presidente no puede ejercer temporalmente, lo reemplaza un Ministro o autoridad. Si el cargo queda vacante, el Congreso elige sucesor si falta poco. Si falta mucho, se llaman elecciones. El elegido completa el período y no puede volver a postular.

El Presidente deja su cargo al terminar su período. Quien lo ejerza completo, es "Ex Presidente" con beneficios. No lo son quienes subrogan o destituyen. Si trabajan en lo público, pierden el sueldo, salvo en docencia.

El Presidente que el Congreso Pleno designe, o en su caso el Vicepresidente de la República, tendrá todas las atribuciones y poderes que esta Constitución le otorga al Presidente titular. No hay diferencias en sus facultades.

El Presidente tiene atribuciones especiales: participa en leyes, cita al Congreso, dicta decretos. Declara estados de excepción y convoca plebiscitos. Nombra y remueve Ministros y funcionarios de su confianza, y ejerce el poder de dictar reglamentos.

Los Ministros de Estado son los colaboradores directos del Presidente para gobernar y administrar el país. Una ley define cuántos Ministerios hay y su organización. El Presidente puede encargar a uno o varios Ministros que coordinen el trabajo de sus colegas y las relaciones del Gobierno con el Congreso.

Para ser Ministro, necesitas ser chileno, tener al menos 21 años y cumplir los requisitos generales para trabajar en la Administración Pública. Si un Ministro se ausenta, no puede ejercer o renuncia, será reemplazado de la forma que establezca la ley.

Los reglamentos y decretos del Presidente deben ser firmados por el Ministro correspondiente para ser válidos. Sin esa firma, no se obedecen. Los decretos e instrucciones pueden ser firmados solo por el Ministro respectivo, si el Presidente lo ordena y la ley lo permite.

Cada Ministro es responsable individualmente de los actos que firma. Además, son responsables solidariamente (juntos) de aquellos actos que firman o acuerdan con otros Ministros. Así se asegura la transparencia y el cumplimiento de sus funciones.

Los Ministros pueden asistir y hablar en las sesiones del Congreso, sin derecho a voto, incluso para rectificar. Sin embargo, deben ir obligatoriamente a las sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para que informen sobre asuntos de su cartera.

Si eres Ministro, no puedes tener otros trabajos o cargos que no sean compatibles. Al aceptar ser Ministro, dejas automáticamente cualquier otro puesto que tengas. Tampoco puedes hacer negocios con el Estado, defender a alguien en juicios, ni ser director de bancos o empresas mientras seas Ministro.

Una ley especial dirá cómo se organiza el Estado, asegurando que los funcionarios sean elegidos por méritos y tengan oportunidades. Si te perjudican, podrás reclamar ante la justicia, y el funcionario responsable podría tener que responder por el daño.

Cada cuatro años, una comisión especial fijará los sueldos del Presidente, parlamentarios y altos funcionarios. Esta comisión, compuesta por ex autoridades de Hacienda, Banco Central, Contraloría, Congreso y Servicio Civil, se elegirá con aprobación del Senado. Sus decisiones serán públicas y buscarán un pago justo y que asegure independencia.

Tu derecho a hacer cosas y a que te traten bien puede ser limitado si hay guerra, disturbios graves, una emergencia o una catástrofe que afecte mucho cómo funciona el país.

Si hay guerra afuera, se declara "estado de asamblea". Si hay guerra o disturbios graves adentro, se declara "estado de sitio". El Presidente propone, el Congreso aprueba o rechaza. El Presidente puede actuar antes, pero el Congreso revisa. El estado de sitio dura 15 días, el de asamblea, mientras dure la guerra.

Si ocurre una calamidad, el Presidente puede declarar "estado de catástrofe" en una zona. Debe informar al Congreso. El Congreso puede quitarlo si el problema se acaba. Si dura más de un año, necesita aprobación del Congreso. El Jefe de Defensa Nacional, designado por el Presidente, tomará el control de la zona.

Si hay desorden grave o peligro para el país, el Presidente puede declarar "estado de emergencia" en zonas específicas. Dura 15 días y puede prorrogarse. Para más prórrogas, necesita el permiso del Congreso.

Cuando se declara un estado especial (asamblea, sitio, catástrofe o emergencia), el Presidente puede limitar tu libertad de movimiento, de reunión y de trabajo. También puede requisar bienes y restringir tu propiedad.

Una ley especial dirá cómo funcionan los "estados de excepción" (cuando la normalidad se altera). Esta ley debe asegurar que todo vuelva a la normalidad rápido, sin afectar a los poderes del Estado ni los derechos de las personas. Las medidas tomadas no durarán más que el estado de excepción.

Si el gobierno decreta estados de excepción, los tribunales no pueden revisar por qué lo hizo. Sin embargo, si te afectan tus derechos, puedes ir a la justicia. Si te quitan algo o limitan tu propiedad y te causan daño, te pagarán una indemnización.

Tu Congreso tiene dos partes: la Cámara de Diputados y el Senado. Juntos, crean las leyes según lo que dice esta Constitución, y también tienen otras funciones que la Constitución les da.

La Cámara de Diputados se compone por representantes elegidos directamente en votaciones por distrito. La ley define cuántos son y cómo se eligen, pero lo importante es que toda la Cámara se renueva completamente cada cuatro años.

Para ser diputado, necesitas ser chileno con derecho a voto, tener 21 años, haber terminado la enseñanza media y vivir en la región del distrito por al menos dos años antes de la elección.

El Senado está formado por senadores que elegimos directamente por regiones. Una ley especial dirá cuántos son, cómo se dividen las zonas y cómo los elegimos. Ellos duran ocho años en el cargo y se renuevan la mitad cada cuatro años.

Para que puedas ser senador, tienes que ser ciudadano chileno con derecho a voto, haber terminado la enseñanza media (o estudios equivalentes) y tener 35 años de edad cumplidos el día de la elección. ¡Así de simple!

Los diputados viven en su región mientras ejercen. Las elecciones de diputados y senadores son juntas. Los diputados pueden reelegirse dos veces y los senadores una. Si alguien deja el cargo, lo reemplaza una persona de su mismo partido. Los independientes puros no tienen reemplazo, y no se hacen elecciones complementarias.

La Cámara de Diputados tiene poderes únicos: fiscalizar al Gobierno. Pueden pedir informes a ministros, citarlos para preguntas sobre su cargo y crear comisiones investigadoras para indagar actos del Gobierno, donde los funcionarios están obligados a cooperar. También ven si proceden algunas acusaciones.

El Senado tiene atribuciones exclusivas, como juzgar las acusaciones de la Cámara de Diputados, decidiendo si alguien es culpable para destituirlo. También aprueba o niega ciertos actos del Presidente de la República, como su salida del país, y puede declarar su inhabilidad o si su renuncia es válida.

El Congreso Nacional tiene la atribución de aprobar o rechazar los tratados internacionales que le presente el Presidente de la República antes de que sean ratificados. Asimismo, el Congreso debe pronunciarse y resolver sobre los estados de excepción constitucional cuando corresponda legalmente.

El Congreso Nacional se organiza y sesiona según una ley especial. Pero ojo, siempre estará activo y convocado para ver los estados de excepción (como emergencias). Esa misma ley también define cómo se tramitan las acusaciones constitucionales y las urgencias.

Para que la Cámara de Diputados y el Senado puedan sesionar o tomar acuerdos, necesitan que esté presente al menos un tercio de sus miembros activos. Además, cada Cámara tiene su propia forma de decidir, por mayoría simple, cuándo terminar un debate.

Cada julio, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados deben informar públicamente al país, en una sesión conjunta, sobre lo que han hecho sus respectivas Cámaras. El reglamento de cada una definirá qué y cómo se debe dar esta cuenta anual.

Varias personas no pueden ser candidatos a diputados o senadores, como Ministros, alcaldes, jueces, fiscales, militares y policías. Generalmente, esta restricción aplica si tuvieron esos cargos un año antes de la elección. Si no salen elegidos, no pueden volver a su cargo anterior hasta un año después del acto electoral.

Ser diputado o senador es incompatible con la mayoría de los cargos pagados con fondos públicos, como en municipalidades o empresas del Estado. La única excepción son algunos trabajos docentes. Si eres proclamado parlamentario, automáticamente dejas cualquier otro cargo incompatible que tuvieras.

Una vez que te proclaman diputado o senador, no puedes ser nombrado para un nuevo cargo incompatible con tu labor parlamentaria. La única excepción es en caso de guerra exterior, o si asumes como Presidente, Ministro o agente diplomático, aunque sólo los cargos en guerra son compatibles.

Un diputado o senador pierde su cargo si se ausenta más de 30 días sin permiso, hace contratos con el Estado, es director de banco, ejerce como abogado o influye en juicios. También si incita a desorden público o altera el orden legal, o si infringe gravemente normas de gasto electoral. No podrá ocupar cargos públicos por dos años.

Los diputados y senadores no pueden ser perseguidos por lo que digan o voten en su trabajo. Nadie puede acusarlos ni detenerlos, a menos que sea un delito en el momento o que un Tribunal de Alzada lo autorice previamente. Si se autoriza una acusación, quedan suspendidos de su cargo.

Los diputados y senadores reciben como único ingreso una "dieta", que es el equivalente al sueldo que tiene un Ministro de Estado. Así, su remuneración es clara y está establecida por ley.

Solo ciertas materias pueden convertirse en ley. Esto incluye temas constitucionales, códigos legales (civil, penal), asuntos laborales, sindicales y previsionales. También se refiere a la administración financiera del Estado, como préstamos o venta de bienes, la organización territorial del país, y aspectos de seguridad nacional, como la declaración de guerra.

El Presidente puede pedir al Congreso permiso para dictar "decretos con fuerza de ley" por un año sobre ciertos temas, pero no sobre asuntos como elecciones o garantías constitucionales. Esta autorización tiene límites claros. Además, el Presidente puede ordenar leyes sin cambiar su sentido, y la Contraloría debe revisar que no se excedan estos permisos.

Las leyes pueden empezar en la Cámara de Diputados o en el Senado, o con un mensaje del Presidente. Sin embargo, algunas leyes son exclusivas: las de impuestos y presupuestos nacen en Diputados; las de amnistía en el Senado. El Presidente tiene iniciativa exclusiva para temas financieros o crear empleos públicos.

Para aprobar, modificar o derogar leyes, se necesitan distintas mayorías. Las que interpretan la Constitución requieren cuatro séptimas partes de los parlamentarios. Las leyes orgánicas y de quórum calificado, mayoría absoluta. Las demás leyes necesitan la mayoría de los miembros presentes en cada Cámara.

El Presidente presenta la Ley de Presupuestos con tres meses de anticipación. Si el Congreso no la aprueba en 60 días, rige la propuesta original del Presidente. El Congreso no puede modificar los ingresos ni aumentar gastos sin indicar su financiamiento, solo puede reducir algunos.

Si tu proyecto es rechazado en su Cámara de origen, no lo puedes discutir en un año. Pero si es del Presidente, lo manda a la otra Cámara. Si esta lo aprueba con 2/3, vuelve a origen y solo ahí se desecha si también lo rechaza con 2/3.

En el proceso legislativo, cualquier proyecto de ley puede recibir cambios o agregados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso sí, estas modificaciones deben tener relación directa con la idea principal del proyecto. Una vez aprobado en una Cámara, pasa inmediatamente a la otra para que lo discutan.

Si la revisora rechaza un proyecto, una comisión mixta busca solución. Sin acuerdo o si origen no acepta, el Presidente pide a origen insistir (2/3). Si insisten, vuelve a la revisora; se desecha solo si esta también lo reprueba con dos tercios.

Si la Cámara revisora cambia algo, vuelve a la de origen. Si esta no aprueba, se forma una comisión mixta. Si no hay acuerdo, el Presidente pide a la de origen reconsiderar, con votación especial para aprobar o no la ley.

Cuando un proyecto de ley es aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, se envía al Presidente de la República. Si él también lo aprueba, entonces lo promulgará para que se convierta oficialmente en una ley de la República.

Si el Presidente no aprueba un proyecto, lo devuelve con observaciones a la Cámara de origen en 30 días. Si ambas Cámaras aceptan los cambios, se convierte en ley. Pero si las Cámaras insisten en su proyecto original, rechazando las observaciones del Presidente con dos tercios de sus miembros, este debe promulgarlo igual.

Sabes, el Presidente puede pedir que un proyecto de ley se tramite con "urgencia", o sea, más rápido. La Cámara respectiva tiene un plazo máximo de treinta días para responder. Una ley especial, la orgánica constitucional, define cómo se establece esa urgencia y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

Si el Presidente no devuelve un proyecto de ley en 30 días, se asume que lo aprueba y se convierte en ley. La promulgación de esta ley debe hacerse en 10 días, y su publicación en el Diario Oficial, para que todos la conozcan, tiene que ser dentro de los 5 días hábiles siguientes.

Solo los tribunales resuelven casos civiles y criminales, y hacen que se cumplan. Ni el Presidente ni el Congreso pueden entrometerse en estas funciones. Los tribunales no pueden negarse a actuar si es su competencia. Para ejecutar sus fallos, pueden ordenar directamente a la fuerza pública, que debe cumplir sin cuestionar la decisión judicial.

Una ley orgánica constitucional organiza los tribunales y define sus funciones y los requisitos de los jueces. Para modificarla, se consulta a la Corte Suprema, que tiene 30 días para responder (o menos si es urgente). Puede aplicarse por etapas en distintas regiones, pero en máximo cuatro años en todo el país.

El Presidente nombra a los jueces. Los de la Corte Suprema se eligen de una quina de la Corte, con aprobación del Senado. Los demás jueces son designados por el Presidente de ternas de las Cortes respectivas, con requisitos especiales y de experiencia.

Los jueces son personalmente responsables si cometen delitos como soborno, no siguen las leyes de procedimiento o administran mal la justicia (prevaricación). Para los miembros de la Corte Suprema, una ley especial determinará cómo se les hace efectiva esta responsabilidad por sus actos.

Los jueces duran por buen comportamiento, pero cesan a los 75 años (salvo el Presidente de la Corte Suprema), por renuncia, incapacidad o destitución. La Corte Suprema puede removerlos por mal comportamiento, informando al Presidente. También puede autorizar el traslado de jueces a otro cargo.

Jueces y fiscales del Poder Judicial no pueden ser detenidos sin orden judicial. La única excepción es que los pillen cometiendo un delito flagrante. En ese caso, los aprehenden para entregarlos de inmediato al tribunal que deba conocer del asunto, según la ley.

La Corte Suprema es la jefa de todos los tribunales del país, los dirige y corrige. Las excepciones son el Tribunal Constitucional y los tribunales electorales. Los tribunales superiores solo pueden anular sentencias en los casos y forma que una ley especial determine.

El Ministerio Público investiga delitos, busca culpables o inocentes, y lleva los casos a juicio. Protege víctimas y testigos, pero no juzga. Puede dar órdenes a la policía, aunque si afectan derechos, necesita autorización judicial. Esas órdenes deben cumplirse. Ojo, los delitos militares se rigen aparte.

Una ley orgánica constitucional define al Ministerio Público, sus requisitos para fiscales y remoción de adjuntos. Los fiscales no deben tener impedimentos de juez. Fiscales regionales, Fiscal Jefe Supraterritorial y adjuntos cesan a los 75 años. Esa ley también fija su independencia y responsabilidad.

El Fiscal Nacional lo nombra el Presidente de una quina de la Corte Suprema, con aprobación de 2/3 del Senado. Debe ser abogado con 10 años de título, 40 años de edad, y dura 8 años sin reelección. Su tope es 75 años.

Hay un Fiscal Regional por región, nombrado por el Fiscal Nacional de una terna de la Corte de Apelaciones. Debe ser abogado con 5 años de título y 30 años de edad. Dura 8 años sin reelección regional. La ley define detalles para su nombramiento.

Existe una Fiscalía Supraterritorial para investigar crimen organizado y delitos complejos. La dirige un Fiscal Jefe, que debe ser abogado con 10 años de título y 35 años de edad, y experiencia en juicios penales. Los conflictos de competencia los resuelve el Fiscal Nacional.

Las Cortes hacen concursos para formar quinas y ternas de candidatos a jueces. Miembros activos o pensionados del Poder Judicial no pueden integrar estas listas. Se eligen a los más votados. Los empates se resuelven por sorteo.

Hay fiscales adjuntos. Los nombra el Fiscal Nacional de una terna propuesta por el fiscal regional o Fiscal Jefe Supraterritorial, previo concurso público. Deben ser abogados y cumplir los requisitos para ser ciudadanos con derecho a voto.

El Fiscal Nacional y fiscales regionales son removidos por la Corte Suprema, a solicitud de autoridades, por incapacidad o mal comportamiento. La Corte decide en pleno. El Fiscal Nacional también puede pedir la remoción de fiscales regionales por no seguir instrucciones.

Lo que dice el artículo 81 (sobre no poder ser detenido sin orden judicial, salvo delito flagrante) también se aplica al Fiscal Nacional, a los fiscales regionales, al Fiscal Jefe Supraterritorial y a los fiscales adjuntos.

El Fiscal Nacional es el jefe del Ministerio Público. Él lo dirige, corrige y administra, siguiendo siempre lo que dice la ley orgánica constitucional que lo regula.

El Tribunal Constitucional tiene 10 miembros, designados por el Presidente, el Congreso (con aprobación del Senado) y la Corte Suprema. Duran 9 años y cesan a los 75. Deben ser abogados con 15 años de título y no pueden ejercer otras profesiones. Funcionan en pleno o salas.

El Tribunal Constitucional revisa la constitucionalidad de leyes, tratados y decretos. También declara la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de preceptos legales que contradigan la Constitución. Resuelve sobre problemas si el Presidente promulga mal una ley, y declara la inconstitucionalidad de partidos políticos.

No se apela una decisión del Tribunal Constitucional (salvo errores). Lo declarado inconstitucional no puede ser ley. Si un decreto es inconstitucional, queda sin efecto. Si un precepto legal lo es, se deroga con la publicación de la sentencia.

El Servicio Electoral (Servel) organiza, supervisa y fiscaliza elecciones, plebiscitos, gasto electoral y partidos políticos. Lo dirige un Consejo de 5 consejeros, nombrados por el Presidente. Duran 10 años y solo la Corte Suprema puede removerlos por faltas graves a la Constitución o leyes.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revisa y califica elecciones y plebiscitos. Resuelve reclamos y proclama ganadores. Tiene 5 miembros: 4 ministros de la Corte Suprema y 1 ciudadano con experiencia legislativa, ambos designados por la Corte. Duran 4 años y actúan como jurado.