LEY SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS
Ley 18046 · 176 artículos · Versión BCN: 1981-10-22 · Ver en LeyChile ↗
Las sociedades filiales y coligadas tienen prohibido poseer participaciones recíprocas en sus capitales, o en los de sus matrices, de forma directa o indirecta. Si esto ocurriese por fusión u otra reorganización, la situación debe detallarse en las memorias y terminarse en un plazo máximo de un año desde el evento.
En sociedades cerradas, las transacciones entre la matriz, sus filiales, coligadas o con personas relacionadas deben realizarse bajo condiciones de equidad y precios similares a los de mercado. Los administradores que aprueben operaciones fuera de estos márgenes serán responsables personalmente de las pérdidas o perjuicios económicos que causen a la sociedad.
El directorio debe reportar en la memoria anual todas las inversiones en filiales o coligadas y adjuntar sus balances. Tener filiales obliga a la matriz a elaborar un balance consolidado, calculando el dividendo mínimo obligatorio sobre las utilidades líquidas consolidadas obtenidas por el grupo empresarial.
La comisión tiene la facultad de dictar normas adicionales sobre inversiones, memorias y balances para las sociedades bajo su control, regulando de forma especial la manera en que estas compañías deben valorizar contablemente dichas inversiones.
Los directores de la sociedad matriz, aun cuando no integren el directorio de una filial, tienen el derecho a asistir a sus sesiones con derecho a voz. También están facultados para revisar y examinar en cualquier momento los libros y documentos contables de dicha filial.
El directorio de la sociedad matriz debe definir y hacer pública una política general para elegir a los directores de sus sociedades filiales, cumpliendo con los requisitos mínimos y directrices establecidos por la comisión mediante normas generales.
Las operaciones de una filial en las que un director de la matriz tenga interés personal solo pueden celebrarse respetando las reglas de transparencia y aprobación previa. Estos acuerdos deben informarse detalladamente en la siguiente junta ordinaria de accionistas de ambas empresas por sus respectivos presidentes.
Dividir una sociedad consiste en repartir su patrimonio entre la propia compañía y una o más nuevas sociedades que se constituyan. A los accionistas de la sociedad original les corresponde la misma proporción de capital en cada una de las nuevas empresas que la que poseían inicialmente.
La división de la sociedad debe decidirse en una junta extraordinaria. En ella se aprueba la reducción del capital, la distribución del patrimonio hacia las nuevas firmas y los estatutos de las nuevas sociedades. Esta aprobación convierte automáticamente a los accionistas de la empresa original en socios de las nuevas entidades creadas.
Transformar una sociedad significa cambiar su tipo o especie social mediante una reforma de sus estatutos. Al realizar esta transformación, la personalidad jurídica de la empresa original subsiste sin interrupción.
Si transformas otro tipo de sociedad en una sociedad anónima, debes cumplir con las formalidades de registro y publicación que exige esta ley. Si transformas una sociedad anónima en otra clase de sociedad, debes respetar los requisitos y formalidades legales de ambos tipos sociales.
Si una sociedad colectiva o en comandita se transforma en sociedad anónima, los socios gestores siguen siendo responsables personalmente de las deudas contraídas antes de la transformación, a menos que los acreedores acepten expresamente liberarlos de esa responsabilidad.
La fusión reúne varias sociedades en una sola que asume sus derechos, obligaciones y patrimonio. Puede ser por creación de una nueva empresa o por incorporación en una ya existente. En estos casos no hay liquidación, y el directorio distribuye las nuevas acciones entre los socios según su participación previa.
Ningún accionista puede ser privado de su calidad de socio debido a procesos de canje de acciones, fusión, incorporación, transformación o división de la sociedad, a menos que dé su consentimiento expreso para ello.
Si la sociedad deja de pagar sus obligaciones o inicia una liquidación concursal, el directorio debe convocar a una junta dentro de treinta días para informar sobre la situación económica de la empresa. En sociedades abiertas, el cese de pagos o solicitudes concursales deben informarse a la comisión al día hábil siguiente.
Si la sociedad empeora intencionalmente sus negocios perjudicando a sus acreedores, se le aplicará una intervención más estricta o se resolverá su acuerdo de reorganización. Se presume la responsabilidad y conocimiento de directores y gerentes si pagan a ciertos acreedores de forma preferente o con convenios privados en perjuicio de los demás.
Una sociedad anónima se disuelve por expirar su plazo de vigencia, por concentrarse todas las acciones en un solo dueño durante más de diez días seguidos, por acuerdo de junta extraordinaria, por revocación de su autorización legal, por fallo judicial en las cerradas o por otras causales estatutarias.
En los casos de sociedades que requieren autorización del Estado para existir, la comisión puede revocar esta autorización si cometen infracciones graves a la ley, a los reglamentos o a las normas aplicables a su funcionamiento.
Los accionistas que representen al menos el veinte por ciento del capital de una sociedad cerrada pueden demandar judicialmente su disolución. El tribunal decidirá si existen causales graves como administración fraudulenta, quiebra o infracciones reiteradas que causen perjuicios a la sociedad o a los socios.
Si la sociedad se disuelve por orden judicial o la comisión le revoca su autorización, se presume culpables y responsables de los daños a los directores y al gerente. Quedan exentos de esta responsabilidad solo si demuestran con pruebas que no participaron o se opusieron al acto que motivó la sanción.
Las sociedades abiertas o especiales no pueden registrar transferencias de acciones que dejen todo el capital en un solo dueño y provoquen la disolución, sin la aprobación de la comisión. La comisión solo dará su visto bueno si la sociedad toma las medidas necesarias para proteger los derechos de terceros acreedores.
Si la sociedad se disuelve por expirar su plazo, por tener un único accionista o por causales estatutarias, el directorio debe dejar constancia de esto en escritura pública dentro de treinta días. Si es por orden judicial o revocación, deben inscribir la sentencia y publicar un aviso. Si no cumplen, responden solidariamente de los perjuicios.
La sociedad disuelta sigue existiendo como persona jurídica únicamente para realizar su liquidación, debiendo agregar a su nombre la frase en liquidación. Durante este período, tiene prohibido continuar con su giro habitual de negocios y solo puede celebrar actos o contratos destinados directamente a facilitar el cierre y la venta de sus bienes.
Tras la disolución, la junta de accionistas elige una comisión liquidadora y fija su sueldo. No se requiere liquidación si la disolución es por reunirse todas las acciones en un solo dueño. Si la disolución fue ordenada por un tribunal, la junta elegirá al liquidador único de una lista de cinco candidatos presentada por el juez.
La comisión liquidadora está formada por tres miembros, salvo acuerdo unánime en contrario. Designan un presidente que representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad. El cargo dura lo que digan los estatutos o la junta, con un límite máximo de tres años. Los liquidadores pueden ser reelegidos por una sola vez en sus funciones.
Los liquidadores solo pueden iniciar sus funciones después de cumplidas todas las formalidades de disolución de la sociedad. Mientras tanto, el último directorio sigue a cargo de la administración. A los liquidadores se les aplican las mismas normas de deberes, prohibiciones y responsabilidades que rigen para los directores.
La junta de accionistas puede revocar en cualquier momento el mandato de los liquidadores que haya nombrado. Sin embargo, si los liquidadores fueron elegidos de listas propuestas por la comisión o los tribunales, la revocación requerirá la aprobación previa de esa misma autoridad para ser válida.
Los liquidadores representan judicial y extrajudicialmente a la sociedad para realizar los actos y contratos de la liquidación, contando con amplias facultades de administración y disposición. No obstante, la junta de accionistas puede limitar estas facultades mediante acuerdo reducido a escritura pública e inscrito en el Registro de Comercio.
Durante la liquidación se deben seguir celebrando las juntas ordinarias para que los liquidadores informen el avance del proceso, presenten los balances y estados financieros obligatorios. El cargo de liquidador no se puede delegar, aunque pueden otorgar poderes específicos para tareas puntuales a terceras personas.
Los repartos de dinero realizados a los accionistas durante la liquidación deben pagarse en efectivo, a menos que la totalidad de los socios acuerde otra modalidad. Por votación de dos tercios de las acciones, la junta extraordinaria puede aprobar repartos opcionales bajo condiciones equitativas e informadas para los socios.
La sociedad solo puede devolver capital a sus socios una vez asegurado o pagado el pasivo social. Los repartos deben hacerse al menos cada tres meses, siempre que haya fondos para pagar al menos el cinco por ciento del valor de las acciones. Los montos no cobrados en cinco años se entregan a Bomberos.
Los liquidadores que aprueben con su voto realizar devoluciones de capital a los accionistas sin haber pagado o asegurado previamente las deudas de la sociedad, responderán solidariamente con sus propios bienes por los daños y perjuicios que causen a los acreedores.
En casos graves, accionistas con al menos el diez por ciento de las acciones pueden solicitar cambiar el régimen de liquidación. Se presume de derecho que existe un caso grave si la liquidación no concluye en seis años desde la disolución de la sociedad o en el plazo menor fijado por la junta.
Si la liquidación es realizada por delegados o a propuesta del fiscalizador o la justicia, su sueldo total no será menor al medio por ciento del activo ni mayor al tres por ciento de los repartos a los socios, a menos que la junta apruebe un pago superior.
Para abrir una agencia en Chile, una sociedad extranjera debe protocolizar ante notario sus estatutos vigentes, el certificado de vigencia de su país de origen traducido al español y legalizado, y un poder general amplio otorgado a su agente representante en Chile detallando sus atribuciones judiciales.
El agente debe declarar por escritura pública el nombre de la sociedad, su objeto y domicilio principal en Chile. Debe declarar que la empresa conoce las leyes chilenas, que sus bienes responden a las obligaciones locales, que mantendrá activos fáciles de liquidar y el capital efectivo con el que operará la agencia.
Un extracto de la protocolización y de la escritura pública, certificado por el notario, debe inscribirse en el Registro de Comercio del domicilio principal y publicarse una vez en el Diario Oficial, dentro de los sesenta días siguientes a la protocolización.
El agente debe realizar los mismos trámites de registro y publicación para cualquier modificación de los documentos de la agencia extranjera en Chile, salvo sobre la mantención de bienes. Además, tiene la obligación de publicar el balance anual en un periódico local dentro del cuatrimestre siguiente al cierre.
Los estatutos definen cómo elegir a los árbitros de la sociedad sin nombrar personas específicas. Al surgir un conflicto, el demandante puede optar por recurrir a la justicia ordinaria en vez de al arbitraje. Los directores, gerentes, ejecutivos y accionistas con participaciones de alto valor no tienen esta opción.
Las sociedades especiales se constituyen por escritura pública y mediante una resolución de la comisión que autoriza su existencia. Un extracto de los estatutos certificado por la comisión debe ser inscrito en el Registro de Comercio y publicado en el Diario Oficial dentro de los sesenta días siguientes a la resolución.
Toda reforma de estatutos o disolución anticipada de las sociedades especiales requiere la aprobación de la comisión, además de su inscripción y publicación. No es necesaria la aprobación de la comisión para los aumentos de capital que se paguen en dinero en efectivo o en divisas autorizadas por la normativa.
Las sociedades especiales y sus reformas no existen legalmente si se omite la escritura pública, la resolución aprobatoria o su oportuna inscripción y publicación. Cualquier diferencia entre el certificado de la comisión y lo inscrito o publicado genera la nulidad absoluta del pacto social o de las modificaciones.
Las sociedades especiales se rigen por las normas de las sociedades anónimas abiertas en todo lo que no contradiga ni sea incompatible con su legislación especial aplicable. No obstante, no están obligadas a registrarse en el Registro de Valores de la comisión, a menos que sean emisoras de valores de oferta pública.
Para constituir una AFP debes presentar un prospecto del negocio a la Superintendencia de Pensiones. Si es aceptado, se te entrega un certificado provisional que otorga personalidad jurídica temporal para preparar la constitución. Tienes un plazo máximo de diez meses desde el certificado para solicitar la autorización de existencia definitiva.
Al solicitar la autorización de existencia de una AFP, el regulador verifica que el capital esté integrado y dicta una resolución aprobatoria. El certificado resultante debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial en sesenta días. Toda reforma estatutaria o disolución requiere este mismo trámite.
Las AFP se rigen por las normas de las sociedades anónimas abiertas en todo lo que no contradiga ni sea incompatible con su legislación especial aplicable. Por lo tanto, las disposiciones de sociedades abiertas les son aplicables de forma íntegra.
Si infringes esta ley, el reglamento o los estatutos causando daño a otros, debes indemnizarlos. En las personas jurídicas, los administradores responden civil, administrativa y penalmente, a menos que conste que no participaron o se opusieron. Los directores, gerentes y liquidadores responsables responden de forma solidaria con la sociedad.
Si la sociedad sufre pérdidas por infracciones a la ley o estatutos, los directores o accionistas con al menos el cinco por ciento de las acciones pueden demandar judicialmente la indemnización en beneficio de la sociedad. Si ganan, se les pagan las costas; si pierden, son personalmente responsables de pagarlas.
Los directores, gerentes, contadores o auditores externos que entreguen o aprueben información falsa en la memoria, balances u otros documentos sobre la situación financiera de la sociedad serán sancionados con penas de cárcel. Si el delito se comete en una sociedad abierta, la pena de prisión puede ser aumentada en un grado.
Quienes usen su posición de mayoría en el directorio o induzcan como controladores a adoptar acuerdos abusivos para beneficiarse a sí mismos o a terceros, dañando a los demás socios y sin beneficio para la sociedad, serán sancionados con penas de prisión de grado menor.
Cada sociedad debe tener un registro público de sus directores, gerentes, ejecutivos y liquidadores, con las fechas de inicio y fin de sus cargos. Lo anotado en él sirve de prueba contra la sociedad. Si la información no es verídica, los directores, gerentes y liquidadores responden solidariamente de los perjuicios.
Cuando la ley menciona condiciones de equidad, precios de mercado o ventajas indebidas, se entiende que se refiere a las condiciones y valores que prevalecían en el mercado en el momento exacto en que se realizó la operación.
Las normas de esta ley tienen prioridad absoluta y se aplican sobre cualquier disposición o cláusula de los estatutos de la sociedad que les sea contraria.
La comisión establecerá mediante normas generales los medios electrónicos o alternativos que las sociedades bajo su control pueden utilizar para enviar o poner a disposición de los accionistas toda la documentación y comunicaciones obligatorias.
Modifica el Código Civil para definir la sociedad anónima como un fondo común de accionistas administrado por un directorio revocable, establecer que es siempre comercial y aclarar que los socios no están obligados a devolver dividendos recibidos de buena fe.
Modifica la Ley General de Bancos para establecer que los bancos deben ser sociedades anónimas. Regula la entrega de un certificado provisional que les otorga personalidad jurídica temporal para organizar la empresa, y exige a los fundadores depositar una garantía del diez por ciento del capital proyectado.
Modifica las normas de fondos mutuos para prohibir sociedades de capitalización distintas de las administradoras de fondos mutuos. Define que la calidad de partícipe se adquiere al recibir el aporte en dinero o al hacerse efectivo el cobro del cheque, y que los aportes se expresan en cuotas de igual valor.
Establece un plazo de seis meses para que el Presidente de la República dicte un nuevo Reglamento de Fondos Mutuos a contar de la fecha de publicación de esta ley.
Modifica las funciones del organismo fiscalizador de valores y seguros, detallando qué personas y entidades quedan sujetas a su vigilancia, como bolsas de valores, fondos mutuos, corredores y aseguradoras. Excluye expresamente de esta fiscalización a los bancos, las financieras y las administradoras de fondos de pensiones.
Modifica la ley de AFP para registrar a su superintendencia las facultades de aprobación de prospectos, estatutos y autorizaciones de existencia, aplicando atribuciones similares a las que tiene el organismo de valores y seguros sobre sus entidades fiscalizadas.
Modifica la ley de seguros respecto de las atribuciones de la superintendencia para resolver disputas como árbitro y regular el funcionamiento de las cooperativas de seguros. Establece que los asegurados pueden solicitar arbitraje directo para montos inferiores a ciento veinte unidades de fomento.
Deroga diversas leyes y artículos anteriores del Código de Comercio y de otras normativas relativas a las sociedades anónimas, transferencia de acciones, seguros y zonas francas, a fin de adecuar la legislación a esta nueva ley.
Define como operaciones con partes relacionadas en sociedades abiertas aquellas transacciones donde interviene la empresa y personas vinculadas, como sus directores, gerentes, liquidadores, cónyuges, parientes cercanos, o sociedades en las que estos posean al menos el diez por ciento del capital o ejerzan cargos de administración.
Las sociedades abiertas solo pueden realizar operaciones con partes relacionadas si benefician el interés social, tienen precios y condiciones de mercado y son aprobadas por la mayoría absoluta del directorio. Los directores involucrados deben abstenerse de votar, y de no hacerlo responderán solidariamente de los perjuicios.
Los directores, gerentes, ejecutivos y controladores tienen prohibido aprovechar para sí mismos las oportunidades comerciales de la sociedad. Los accionistas solo pueden utilizarlas si el directorio las desecha previamente o pasa un año sin desarrollarlas. Infringir esto obliga a devolver las ganancias obtenidas a la sociedad.
Las normas sobre operaciones con partes relacionadas se aplican tanto a las sociedades anónimas abiertas como a todas sus filiales, independientemente de la naturaleza jurídica que estas tengan.
Esta ley rige desde su publicación. Las sociedades existentes deben adaptar sus estatutos en su próxima reforma o en un plazo de ciento ochenta días. Si no lo hacen a tiempo, los directores, gerentes y liquidadores responderán solidariamente de todo daño provocado a los socios o terceros.
Las sociedades vigentes al publicarse esta ley se clasifican en abiertas o cerradas. Mientras la comisión no certifique formalmente que una empresa es una sociedad cerrada, se le seguirán aplicando de forma provisional todas las normas correspondientes a las sociedades abiertas.
Mientras se redacta y aprueba el nuevo reglamento de esta ley, seguirán vigentes las normas reglamentarias anteriores en todo lo que sea compatible con las disposiciones de este texto legal.
Las acciones preferenciales existentes que no tengan una duración definida deben fijar su plazo dentro de dos años. Si no lo hacen, se entenderá que su preferencia dura lo mismo que el plazo de duración de la sociedad fijado en los estatutos.
Las acciones de industria y de organización vigentes se extinguirán en dos años, a menos que sean eliminadas o cambiadas antes por acciones ordinarias o preferidas mediante reforma de estatutos, requiriendo el voto favorable de los beneficiarios y de dos tercios de las acciones restantes.
Las sociedades que al entrar en vigencia esta ley posean acciones de su propia emisión sin plazo de venta obligatorio, deben venderlas en el mercado en un plazo máximo de un año.
Las sociedades que tengan inversiones prohibidas por participaciones cruzadas al momento de publicarse esta ley, deben enajenar dichas participaciones y regularizar su situación en un plazo de dos años.
Las nuevas normas de pago a directores y suplentes se aplican desde la siguiente junta ordinaria de accionistas o, a más tardar, a partir del treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos, aunque no se hayan adaptado aún los estatutos.
Los liquidadores en funciones seguirán en sus cargos por los plazos legales establecidos contados desde su nombramiento. Si ya superaron el plazo máximo al publicarse esta ley, continúan hasta la siguiente junta de accionistas o hasta el treinta de abril de mil novecientos ochenta y dos.
Las sociedades de capitalización existentes deben adaptar sus estatutos a las normas de fondos mutuos en un año. Si no lo hacen, se disuelven por ley y se liquidan bajo las mismas reglas de las administradoras de fondos mutuos.
