CODIGO DE JUSTICIA MILITAR
Decreto 2226 · 460 artículos · Versión BCN: 1944-12-19 · Ver en LeyChile ↗
Por protocolo militar, el General en Jefe y el Comandante de Escuadra reciben el trato de Excelencia; la Corte Marcial el de Señoría Ilustrísima; los Consejos de Guerra el de Honorable; y los jueces, fiscales y auditores el de Señoría.
Todos los profesionales y funcionarios encargados de la justicia militar integran los cuerpos jurídicos del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, y se ordenan por antigüedad en los registros y escalafones de cada institución.
Los Auditores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ejercen el mando y la dirección superior de los respectivos cuerpos jurídicos de sus instituciones.
Las calificaciones anuales de desempeño del personal jurídico militar las realizan los jefes respectivos: los auditores y fiscales son calificados por sus jueces institucionales, los secretarios de cortes por sus auditores generales, y el Fiscal General por su jefe institucional.
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Cualquier resolución firme que aplique un castigo o medida disciplinaria a un funcionario judicial militar debe informarse y enviarse de inmediato a la Auditoría General de su institución para su registro.
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Los miembros de los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas y Carabineros gozan de los mismos derechos, beneficios y privilegios que las leyes otorgan a los funcionarios de la justicia civil común.
Los jueces, fiscales y auditores militares se rigen por las mismas normas de prohibición de arresto y protecciones que los jueces comunes. Se aplican también restricciones y deberes a los secretarios, relatores y al Fiscal General Militar en los juicios.
En tiempos de guerra, para inhabilitar a un juez o funcionario militar debes pedirlo directamente al tribunal de palabra o por escrito; si lo rechaza, puedes reclamar al comandante sin detener el juicio. En tiempos de paz, se aplican las reglas comunes civiles.
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En la justicia militar todos los días del año son hábiles, incluidos domingos y feriados. Los plazos legales corren de forma continua y no se detienen, a menos que el juez dicte una orden expresa para suspenderlos antes de que venzan.
Si demuestras que fue imposible realizar un trámite, declaración o diligencia judicial dentro del plazo legal fijado, el tribunal o la autoridad militar correspondiente tiene la facultad de ampliar ese plazo para darte más tiempo.
Si la ley o el juez no fijan un plazo de tiempo específico para realizar un trámite, orden o diligencia judicial, esta debe llevarse a cabo de forma inmediata y sin ningún tipo de retraso.
Las resoluciones y decisiones dictadas por el juez o fiscal deben notificarse a las partes interesadas de inmediato. El plazo máximo para realizar la notificación es de 24 horas desde que se firmó el documento.
Las notificaciones las realiza el secretario, un oficial o un mensajero del tribunal. Toda la correspondencia judicial, envío de cartas certificadas, documentos y exhortos del juicio está libre de pagos de correo postal o envíos aéreos.
Las notificaciones son personales, pero el tribunal puede ordenar que se hagan por carta certificada o cédula en tu domicilio. Ciertas decisiones clave (como el cierre de la investigación, el procesamiento o la sentencia) siempre deben notificarse de forma personal o por cédula.
Si no te encuentran para notificarte, dejarán el documento con el militar de mayor rango en tu cuartel, o con un adulto en tu casa. Si no hay nadie en casa, lo dejarán en la comisaría de policía más cercana. Te enviarán además una carta certificada de aviso.
Las citaciones al tribunal se notifican con las mismas reglas indicadas. Si se cita a declarar a militares como testigos, se puede avisar directamente por oficio a sus jefes; si son civiles, se les citará con ayuda de la policía local.
Si la persona a notificar está en otra ciudad, el tribunal le avisará mediante un oficio enviado a su jefe militar directo. Si es una persona civil, se enviará un exhorto al juez civil común de la localidad donde resida.
Si se desconoce el paradero del acusado o de los testigos, la citación se realizará mediante un cartel (edicto) colgado durante cinco días en la oficina del secretario del tribunal, registrando esta diligencia en el expediente del caso.
En situaciones de urgencia o durante tiempos de guerra, las notificaciones pueden realizarse de cualquier forma rápida que asegure razonablemente que la persona tomará conocimiento, debiendo informar al jefe militar si el notificado es un uniformado.
Para cualquier situación no regulada en este código, se deben aplicar las normas de los juicios civiles de tramitación más rápida de los tribunales comunes, buscando siempre la mayor velocidad y la buena fe en todas las actuaciones.
Ciertas normas básicas sobre el inicio de las querellas, las detenciones, la flagrancia y las facultades del juez que se contemplan en el Código de Procedimiento Penal común se aplican de forma obligatoria a las investigaciones penales militares.
En estos juicios solo se pueden apelar las siguientes decisiones: la resolución que te procesa, la negativa a darte libertad provisional tras 20 días preso, el cierre definitivo o temporal del caso (sobreseimiento) y las sentencias definitivas del juez.
Te declararán rebelde si no te presentas al juicio tras ser citado formalmente por cartel o si te escapas del recinto donde estabas arrestado. Para decretar la rebeldía, el tribunal emitirá primero una orden de detención en tu contra.
Aunque te declaren rebelde, la investigación del fiscal (sumario) continuará hasta el final. Si te declaras rebelde en la etapa del juicio (plenario), la causa se detendrá temporalmente hasta que te presentes o seas capturado por las autoridades.
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Todo juicio penal militar inicia con una orden escrita del juez institucional. Luego, el fiscal dirige la investigación recopilando pruebas del delito, identificando a los culpables y ordenando resguardos. Esta etapa secreta de investigación se denomina sumario.
Si un fiscal militar se entera de un delito de su competencia, debe realizar de inmediato las primeras diligencias urgentes (como detener sospechosos o darles libertad según la ley), avisando al juez para que ordene iniciar el proceso oficial.
Las normas generales sobre el carácter reservado de las investigaciones criminales y la prohibición de revelar datos a terceros ajenos al caso se aplican de manera estricta durante la etapa de sumario en la justicia militar.
El sumario dura máximo 40 días, prorrogable por el juez. Si supera los 60 días, el expediente se puede hacer público si no daña la investigación. El acusado tiene derecho a conocer el sumario tras 120 días de estar procesado.
Cualquier persona puede denunciar un delito militar. Los funcionarios públicos y los miembros de las Fuerzas Armadas tienen la obligación legal de denunciar estos hechos directamente ante el juez militar, el fiscal o el Fiscal General Militar de inmediato.
Al recibir una denuncia, el juez militar ordenará iniciar la investigación penal (sumario). Si considera que el hecho es solo una falta administrativa o leve, devolverá los antecedentes a los jefes militares para que te apliquen sanciones disciplinarias internas.
Las investigaciones penales militares se realizan solo de oficio, por lo que no se permiten querellantes particulares civiles. En delitos sexuales, se requiere el consentimiento de la víctima o su familia para iniciar el caso, pudiendo pedir medidas de protección de bienes.
Las víctimas del delito pueden pedir diligencias al fiscal para probar el hecho, solicitar que se levante el secreto del sumario, apelar si el juez no procesa a los imputados, apelar contra el sobreseimiento o la libertad provisional y asistir a las audiencias.
Si la víctima del delito es el Fisco de Chile, tiene derecho a revisar el sumario desde el inicio, apelar contra la libertad provisional de los procesados, pedir pruebas en la etapa de juicio, asistir a las audiencias y recurrir ante la Corte Suprema.
Si sorprenden a alguien cometiendo un delito en el acto (infraganti) dentro de un recinto militar, el jefe a cargo detendrá de inmediato al sospechoso, investigará las circunstancias de urgencia y lo entregará al tribunal militar con un informe detallado del suceso.
El fiscal debe verificar el delito e identificar a los culpables con rapidez según las reglas del procedimiento penal. Si hay menores de edad involucrados que no tengan responsabilidad penal militar, los enviará de inmediato a los Tribunales de Familia civiles.
Si el fiscal tiene sospechas fundadas de que participaste en un delito como autor, cómplice o encubridor, podrá ordenar tu detención preventiva o limitarse a citarte a declarar bajo juramento en su despacho, según la gravedad del caso.
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Que tengas órdenes de arresto pendientes por otras causas no detiene ni suspende el cumplimiento de una pena de cárcel definitiva que ya esté firme. Deberás ingresar a prisión a cumplir tu condena bajo el régimen penitenciario normal.
Las normas del procedimiento penal común sobre la aplicación de medidas de seguridad adicionales y restricciones que aumentan el rigor de la prisión preventiva (como el aislamiento o vigilancia especial) también se pueden aplicar a los detenidos militares.
Si consideras ilegal tu orden de arresto emitida por un juez militar, solo puedes presentar un recurso de amparo para recuperar tu libertad. Este recurso lo resuelve en única instancia la Corte Marcial respectiva bajo tramitación urgente.
Las normas sobre declaraciones, careos y reconocimiento de sospechosos del código penal común rigen en la investigación militar. Cuando el juez dicte tu procesamiento, la resolución se notificará personalmente tanto a ti como al jefe del recinto donde estés arrestado.
La prisión provisional dura únicamente el tiempo necesario mientras existan sospechas o peligro para la investigación. Si en cualquier momento del sumario se demuestra tu inocencia, el fiscal u ordenará tu libertad de forma inmediata.
Puedes pedir tu libertad provisional bajo las reglas del procedimiento penal común. Sin embargo, si estás acusado del delito militar de deserción (abandonar el servicio), no se aplicarán los beneficios generales de libertad que establece el código penal ordinario.
Si te procesan y posees bienes, el fiscal (a petición de la víctima o de oficio para proteger al Fisco) ordenará el embargo de tus propiedades y dinero en cantidad suficiente para asegurar el pago de las indemnizaciones y multas futuras.
Si el fiscal necesita documentos militares secretos para la causa, los pedirá formalmente al jefe de la institución. Si este se niega porque arriesga la seguridad nacional, el conflicto lo resolverá de forma definitiva la Corte Suprema integrada especialmente.
Los documentos secretos y testimonios reservados se guardarán en un cuaderno de expediente separado. Solo se mostrarán a los abogados defensores si fundamentan la acusación o la sentencia, y las audiencias en tribunales superiores sobre ellos no serán públicas.
Terminada la investigación, o vencido su plazo, el fiscal cerrará el sumario. En el plazo de dos días enviará el expediente al juez institucional junto con su dictamen, donde resumirá el caso y solicitará el sobreseimiento o la condena de los acusados.
El juez revisará el sumario y dictará sobreseimiento si corresponde. Si el Fiscal General Militar es parte, el juez le dará un plazo de tres días para opinar sobre la propuesta del fiscal antes de decidir si cierra el caso o lo eleva a juicio (plenario).
La resolución que cierra el caso (sobreseimiento) debe enviarse obligatoriamente a consulta ante la Corte Marcial si el delito arriesga pena aflictiva (tres años y un día o más) o si el juez decidió cerrar el caso en contra de la opinión del fiscal.
Una vez que quede firme y aprobada la resolución de sobreseimiento, se aplicarán las reglas del procedimiento penal común para archivar el caso, liberar a los detenidos y levantar las medidas cautelares y embargos aplicados.
Si el juez militar o la Corte Marcial rechazan cerrar el caso y ordenan continuar con la acusación penal, el expediente regresará al fiscal militar para que proceda de inmediato a formular los cargos correspondientes contra los procesados.
Al iniciarse la etapa de juicio (plenario), el fiscal entregará el expediente a los procesados para que, en un plazo de seis días, presenten por escrito su respuesta y defensa frente a los cargos formulados en su contra.
Al ser notificado para defenderte, debes designar a tu abogado. Si no tienes uno o el tuyo no responde, el fiscal te asignará un abogado de turno o de la Corporación de Asistencia Judicial, o en su defecto, un oficial militar como defensor.
Tu abogado defensor puede retirar físicamente el expediente del tribunal por seis días para preparar tu defensa. Si el plazo vence y el defensor se niega a devolver el proceso dentro de las 24 horas siguientes, el juez podrá ordenar su arresto.
Si hay varios procesados en la causa, el plazo de seis días para responder los cargos se aplicará de forma sucesiva a cada uno. El fiscal fijará el orden de las defensas, cuidando que el tiempo total no supere los 60 días.
Tu escrito de defensa debe registrar claramente los hechos y argumentos que demuestren tu inocencia o atenúen tu responsabilidad. Puedes presentar varias peticiones y argumentos alternativos de forma subsidiaria por si el juez rechaza tus defensas principales.
En tu escrito de defensa debes declarar si renuncias al juicio probatorio y aceptas sentencia inmediata, o si quieres rendir pruebas. En este último caso, debes acompañar la lista de testigos, peritos y las objeciones contra testigos previos.
Si renuncias al plenario, el fiscal enviará el caso al juez para dictar fallo. Si alguna de las partes ofrece pruebas, se abrirá un período para recibirlas que durará la mitad de lo que duró la investigación, con un límite máximo de 20 días.
La lista de testigos debe incluir sus nombres, apellidos, apodos y domicilios. Debes indicar en el escrito si te comprometes a llevarlos al tribunal por tu cuenta o si solicitas que el juez ordene su citación formal mediante la fuerza pública.
Las pruebas se presentan en audiencias públicas, a menos que afecten la disciplina militar. Los testigos responderán las preguntas escritas que presenten las partes el día anterior, y el fiscal dirigirá los interrogatorios permitiendo contrapreguntas pertinentes de la defensa.
Ciertas normas sobre el juramento de los testigos, la forma de registrar sus declaraciones por escrito y las sanciones por no asistir a declarar se rigen por las reglas comunes del Código de Procedimiento Penal ordinario.
Una vez terminado el plazo de pruebas, el secretario certificará en el expediente los testimonios y documentos presentados. Tras notificar a las partes, el fiscal enviará de inmediato la causa al Juzgado Institucional para que dicte sentencia.
Al recibir el expediente, el Auditor lo revisará para verificar que no falte ninguna diligencia importante. Si detecta omisiones, el juez ordenará completarlas con urgencia. Si todo está en orden, el juez militar procederá a dictar la sentencia.
La sentencia del juez militar debe cumplir con todos los requisitos de fundamentación y estructura que exige el procedimiento penal común, aplicando las mismas reglas de notificación, rectificación y validez legal que los fallos civiles ordinarios.
Tienes un plazo de de cinco días desde la notificación para apelar la sentencia definitiva, ya sea por escrito o de palabra. También pueden apelar el Fiscal General Militar, el Fisco y las víctimas del delito. La apelación suspende los efectos del fallo.
Si la sentencia no es apelada a tiempo, se enviará a revisión obligatoria (consulta) ante la Corte Marcial si el delito tiene pena aflictiva, si absuelve de cargos graves o si el juez falló en contra de la recomendación de su Auditor.
Una vez que el juez acepta tu apelación o se ordena la consulta, el secretario del juzgado enviará de inmediato el expediente físico o digital a la secretaría de la Corte Marcial correspondiente para que inicie su revisión.
Recibido el caso, el presidente de la Corte Marcial programará el día del juicio. Si estás preso, la audiencia debe fijarse dentro de los cinco días siguientes. En los demás casos, el plazo máximo de espera será de diez días.
Ante la Corte Marcial puedes comparecer representado por un procurador del número y ser defendido por un abogado habilitado para ejercer ante los tribunales superiores de justicia de la República.
Todas las notificaciones de la Corte Marcial se te enviarán por carta certificada a tu domicilio registrado o al de tu procurador, a menos que asistas personalmente a las oficinas de la secretaría y te notifiquen de forma presencial.
Cumplidos los trámites de citación, el juicio en la Corte Marcial se llevará a cabo el día fijado, siguiendo el orden de la tabla y las mismas reglas de alegatos que se aplican en las Cortes de Apelaciones civiles.
Durante la apelación se aplican las reglas comunes del procedimiento penal. La Corte Marcial tiene la facultad de ordenar que comparezcas personalmente ante ella para interrogarte y conocer tus antecedentes, pudiendo interrogarte en tu lugar de reclusión.
Contra los fallos de la Corte Marcial puedes recurrir a la Corte Suprema mediante recursos de casación (en la forma o en el fondo) en un plazo de 10 días, sin necesidad de pagar fianzas, con patrocinio de un abogado habilitado.
Si existen sentencias firmes condenatorias injustas, puedes presentar un recurso de revisión ante la Corte Suprema. Si el máximo tribunal ordena recibir pruebas o declaraciones de testigos, esta tarea se le encargará al fiscal militar de la provincia respectiva.
Si un procesado militar huye de Chile, se aplicarán las reglas del procedimiento penal común para solicitar su extradición activa y traerlo de vuelta al país para ser juzgado por los tribunales militares nacionales.
Si consideras que el tribunal no es el adecuado para juzgarte, tú, tu familia o el propio juez pueden iniciar un trámite de incompetencia. Este trámite se rige por las normas generales del Código de Procedimiento Civil.
La discusión sobre qué tribunal es competente se tramita por separado y no detiene la investigación ni el juicio. Sin embargo, si el juicio termina y la competencia aún no se resuelve, el juez no podrá dictar la sentencia definitiva.
Mientras se decide qué tribunal es el competente, los jueces involucrados deben continuar con todos los trámites del juicio. Solo el juez de la zona donde estés preso resolverá sobre tus solicitudes de libertad provisional o detención.
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Si quieres pedir que te devuelvan una cosa recuperada del delito, debes solicitarlo ante el juez del caso. Tu solicitud civil se tramitará como un incidente por separado sin interrumpir el juicio penal principal contra el acusado.
La misma regla de tramitación rápida por cuerda separada se aplica si la propiedad sustraída se perdió o destruyó y exiges que te paguen el valor en dinero de los bienes afectados por el delito.
Al enterarse de un delito en tiempos de guerra, el jefe militar ordenará investigar de inmediato al fiscal. El fiscal recogerá pruebas y tomará declaraciones en un sumario exprés de máximo 48 horas, enviando luego su informe y acusación al superior.
El Comandante en Jefe revisará el sumario y, si hay delito, emitirá una orden fundada detallando los cargos y convocando de inmediato al Consejo de Guerra para juzgar a los acusados, nombrando a los oficiales que actuarán como jueces.
Si se sorprende al delincuente en el acto en tiempos de guerra, se le detendrá de inmediato y se informará al General. El fiscal completará la indagación rápidamente sin retrasar la fecha fijada para el Consejo de Guerra.
La orden de convocatoria fijará la fecha, hora y lugar del Consejo de Guerra. Se notificará de inmediato al acusado para que elija a su defensor en el acto; si no lo hace, el fiscal le asignará uno de oficio.
El defensor tiene derecho a revisar todos los papeles del fiscal y hablar a solas con el detenido. Deberá redactar la defensa por escrito, entregando la lista de testigos y peritos al fiscal para que los cite a la audiencia.
El presidente del Consejo de Guerra citará a los oficiales que actuarán como jueces y designará a un secretario, personal de apoyo y la guardia militar de seguridad necesaria para resguardar el recinto de la audiencia.
A la audiencia del Consejo de Guerra deben asistir obligatoriamente de uniforme militar todos sus miembros, incluidos los jueces, el fiscal, el defensor y el acusado, siempre que tengan derecho a usarlo.
El Consejo de Guerra se abrirá con la presencia de todos los jueces nombrados, el fiscal y el secretario. Si falta algún integrante militar, se informará de inmediato al Comandante en Jefe para que nombre un reemplazo urgente.
