ESTABLECE NUEVO SISTEMA DE PENSIONES
Decreto Ley 3500 · 254 artículos · Versión BCN: 1980-11-13 · Ver en LeyChile ↗
Si eres certificado como enfermo terminal, tienes derecho a retirar tus ahorros como una pensión temporal calculada a doce meses, previa reserva del dinero para las pensiones de sobrevivencia de tus familiares y cuota mortuoria. Puedes reducir esta pensión y retirar el saldo restante como excedente.
Crea un Consejo Médico con salas de tres médicos cirujanos elegidos por concurso público por la Superintendencia de Pensiones. Su función exclusiva es evaluar, calificar y certificar las solicitudes de los afiliados que declaren encontrarse en estado de enfermedad terminal para acceder a sus fondos de pensión.
Los retiros de excedente de libre disposición que realices al pensionarte o durante tu jubilación están sujetos al pago de un impuesto especial único, el cual se calcula y paga según las reglas de la Ley de Impuesto a la Renta.
Los ahorros del afiliado fallecido que pasen a herencia están libres de impuestos de herencia hasta un máximo de 4.000 UF. El cónyuge, conviviente civil, padres o hijos pueden retirar este dinero sin trámite de posesión efectiva si el monto total no supera las 5 UTA.
Las AFP deben publicar un listado con los datos de los afiliados que están a un año de cumplir la edad legal o que cumplen requisitos para pensionarse anticipadamente. La AFP debe avisarles previamente, y los afiliados pueden oponerse por escrito a figurar en dicho listado público.
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El Estado garantiza el pago de tus pensiones de invalidez, sobrevivencia, cuota mortuoria y rentas vitalicias contratadas si la AFP o la compañía de seguros quiebran o caen en cesación de pagos, cubriendo la diferencia para asegurar que sigas recibiendo tu dinero.
Los trabajadores de las AFP mantienen su derecho a las asignaciones familiares, subsidios de cesantía y al seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley 16.744, los cuales siguen siendo administrados por las instituciones del sistema antiguo de previsión.
Para tener derecho a las prestaciones de salud del sistema público o privado, debes cotizar obligatoriamente el 7% de tu sueldo imponible. Tienes la libertad de aportar este 7% (o un monto mayor) a Fonasa o a una Isapre según tu elección.
Todas las jubilaciones están afectas a un descuento del 7% para financiar tu salud, el cual se ingresa a Fonasa, con un tope de 60 UF. Quienes tengan pensiones solidarias o cumplan los requisitos de ley están exentos de realizar este pago.
Si recibes una pensión de invalidez por la ley de accidentes del trabajo (16.744) y eres menor de la edad de jubilación, debes seguir cotizando el 10% para tu pensión AFP. Al cumplir la edad legal, esa pensión de invalidez cesa y te jubilas por vejez.
Si el afiliado muere por un accidente laboral o enfermedad profesional, su familia recibirá la pensión de sobrevivencia a través de la ley de accidentes de trabajo (16.744). Los ahorros que tenía acumulados en su cuenta de la AFP no se pierden y pasan a su herencia.
Quien pague los funerales de un afiliado fallecido tiene derecho a retirar de la cuenta AFP del difunto el valor de los gastos hasta un máximo de 15 UF (cuota mortuoria). Si gasta menos de 15 UF, el saldo restante se entregará al cónyuge, conviviente, hijos o padres.
Si trabajas por cuenta propia de forma independiente y recibes boletas de honorarios, tienes la obligación legal de afiliarte al sistema previsional. Tu primera cotización en una AFP generará automáticamente tu afiliación y tu incorporación al multifondo de tu elección.
La renta imponible anual de los trabajadores independientes equivale al 80% de sus boletas de honorarios emitidas en el año. Esta base tiene un mínimo de cuatro ingresos mínimos mensuales y un tope máximo anual equivalente a 12 veces el tope imponible mensual de la UF.
Los trabajadores independientes que coticen en el sistema tienen pleno derecho al acceso a la salud pública o privada y a los beneficios de asignación familiar y subsidio de cesantía si antes del cambio pertenecían a regímenes previsionales que los contemplaban.
Los trabajadores independientes están obligados a pagar las cotizaciones previsionales de pensiones (10% más comisión), el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidentes laborales y el 7% para su salud, los cuales se calculan de forma anual.
Las AFP deben emitir y enviar a los afiliados independientes, antes del último día de febrero de cada año, un certificado que detalle todas las cotizaciones pagadas y las deudas pendientes de sus empleadores, informando de estos datos al Servicio de Impuestos Internos.
Las superintendencias de Salud y de Seguridad Social tienen la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos, durante el mes de febrero de cada año, a qué Isapre o Fonasa se encuentra afiliado cada trabajador independiente en el país.
La comisión que cobrará la AFP por administrar las cotizaciones obligatorias anuales pagadas por los trabajadores independientes se calculará según el porcentaje promedio de las comisiones cobradas por la administradora durante el año anterior a dicho pago.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) es el encargado de calcular anualmente las cotizaciones de pensión y salud que debe pagar cada trabajador independiente, informando estos montos a la Tesorería General de la República, a la AFP y a la entidad de salud correspondiente.
Los trabajadores independientes que realicen su cotización anual obligatoria tendrán cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia por un año completo, desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente al pago de sus cotizaciones.
Las cotizaciones anuales obligatorias de los independientes se pagan de forma preferente con cargo a las retenciones de impuestos de sus boletas de honorarios realizadas por el SII. Si queda un saldo pendiente de pago, el afiliado debe cancelarlo directamente en los plazos fijados.
Si la retención de impuestos no alcanza para cubrir todas las cotizaciones, el dinero se distribuirá según este orden: primero el seguro de invalidez, segundo el seguro de accidentes, tercero el seguro de acompañamiento infantil (Sanna), cuarto salud, quinto pensión y comisiones, y sexto deudas previsionales de años anteriores.
Este artículo fue derogado: ya no tiene contenido vigente.
Los trabajadores independientes que coticen en el sistema antiguo de previsión (ex INP, Capredena o Dipreca) no tienen la obligación de cotizar bajo las reglas de esta ley y seguirán rigiéndose por las normas de sus respectivas cajas tradicionales de previsión.
Toda persona que no reciba un sueldo o renta del trabajo (como dueñas de casa) puede afiliarse voluntariamente al sistema y depositar en una cuenta de capitalización individual. Estos ahorros son inembargables y gozan de las mismas condiciones de rentabilidad que las cuentas obligatorias.
El ingreso imponible mensual de los afiliados voluntarios se calcula multiplicando por diez el monto mensual que coticen (descontando comisiones). Este ingreso no puede ser inferior a un sueldo mínimo, y si realizan un solo pago anual, este se dividirá en doce meses.
Los afiliados voluntarios tendrán derecho a la cobertura del seguro de invalidez o muerte si realizaron su cotización en el mes anterior al siniestro. Para calcular el aporte adicional de su pensión, se considerará como límite el tope imponible de la UF.
Un trabajador dependiente puede autorizar a su empleador a descontar de su sueldo mensual el dinero destinado a pagar las cotizaciones previsionales de la cuenta de afiliado voluntario de su cónyuge o conviviente civil, pagándose directamente en la AFP correspondiente.
La Superintendencia de Pensiones emitirá normas generales para regular los trámites de la afiliación voluntaria, incluyendo los procedimientos de cobro de comisiones, la cotización adicional y la correcta asignación de los fondos en las cuentas individuales de ahorro.
Crea la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones como un organismo público autónomo encargado de fiscalizar y vigilar el funcionamiento de las AFP y el cumplimiento de la ley. Se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo.
Corresponde a la Superintendencia autorizar la creación de las AFP, fiscalizar su funcionamiento y el pago de beneficios, dictar normas generales obligatorias de interpretación de la ley, controlar el cumplimiento del Encaje, vigilar la inversión de los fondos y los contratos de seguros previsionales.
La Superintendencia de Pensiones evaluará periódicamente la gestión de riesgos y el gobierno corporativo de las AFP y aseguradoras. El resultado de esta evaluación técnica y sus antecedentes serán estrictamente confidenciales y de uso reservado para las instituciones involucradas.
Faculta al Presidente de la República para dictar el estatuto de organización de la Superintendencia de AFP, definiendo sus atribuciones, estructura interna, planta de personal y el régimen de sueldos y normas laborales aplicables a sus funcionarios públicos.
El personal de las Fuerzas Armadas y de Orden (Capredena y Dipreca) continuará sujeto a sus propios regímenes previsionales antiguos y no se incorporará al sistema de las AFP, mientras una comisión especial estudia propuestas de coordinación legal futuras.
Establece que las normas obligatorias sobre afiliación automática al sistema de AFP y cotizaciones previsionales contempladas en el artículo 2 comenzarán a regir oficialmente en el país a partir del 1 de mayo de 1981.
Define los conceptos técnicos de patrimonio de la AFP (diferencia entre activos y pasivos) y pérdida potencial estimada, que mide los riesgos de las inversiones realizadas por los multifondos según la calificación de los instrumentos de deuda y acciones adquiridas.
Las superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros dictarán normas conjuntas para fiscalizar el correcto funcionamiento del sistema de consultas de pensiones (SCOMP) y verificar el pago de las pensiones de rentas vitalicias y del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
Crea la Comisión Clasificadora de Riesgo como un organismo encargado de evaluar, aprobar o rechazar las cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos e instrumentos financieros en los que las AFP pueden invertir los fondos de pensiones, velando por su seguridad.
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Los miembros elegidos por las AFP para la Comisión Clasificadora durarán dos años en sus cargos. Deben cumplir los requisitos de director de sociedad anónima abierta y no pueden trabajar en bolsas, bancos, Isapres, AFP ni en empresas clasificadoras de riesgo.
La Comisión Clasificadora contará con una Secretaría Administrativa liderada por un secretario que actuará como ministro de fe. Los gastos de funcionamiento de esta secretaría serán pagados por las AFP en proporción al valor de los fondos de pensiones que administran.
Los integrantes de la Comisión Clasificadora de Riesgo y los funcionarios públicos deben mantener estricto secreto sobre los documentos no públicos de las empresas evaluadas. Si infringen este deber de reserva o usan esta información para beneficio propio, recibirán penas de cárcel.
La Comisión Clasificadora de Riesgo debe evaluar y aprobar o rechazar las cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos y otros instrumentos financieros representativos de capital cuando una AFP lo solicite, siguiendo las reglas establecidas para cada tipo de título.
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Para que las AFP puedan invertir en cuotas de fondos de inversión o fondos mutuos, la Comisión Clasificadora debe aprobarlas. Se exige que el fondo cumpla con una inversión mínima, diversifique adecuadamente sus activos y respete sus objetivos de inversión declarados.
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Las empresas clasificadoras de riesgo deben enviar a la Comisión, en los primeros cinco días de cada mes, la lista de calificaciones de deuda que hicieron el mes anterior. Si surge información importante que afecte la nota de un instrumento, deben informarlo de inmediato.
Las reuniones de la Comisión Clasificadora son secretas hasta que publican sus decisiones en el Diario Oficial, lo que debe ocurrir a más tardar el primer día hábil del mes siguiente. El público puede pedir y revisar las actas de estas reuniones, salvo datos reservados.
Si la Comisión Clasificadora no puede decidir a tiempo sobre un instrumento que ya estaba aprobado debido a estudios o trámites pendientes, este mantiene su aprobación provisoria. Una vez que se tome la decisión definitiva, esta debe ser publicada de inmediato.
Las sociedades anónimas cuyas acciones cumplen con los requisitos de inversión para las AFP pueden incluir en sus estatutos compromisos y normas especiales de organization y límites para dar mayor seguridad a estas inversiones.
Si eres una sociedad que recibe inversiones de AFP, debes fijar en tus estatutos que nadie controle más del 65% de los votos, que los accionistas minoritarios tengan al menos el 10% y que un 15% del capital esté en manos de al menos cien accionistas independientes.
Los estatutos de la sociedad deben fijar el porcentaje máximo de acciones con derecho a voto que puede tener una sola persona o grupo relacionado. Si corresponde, se debe diferenciar el límite máximo permitido para el Fisco del límite para los demás socios.
Para respetar los límites de concentración de acciones, la empresa no puede inscribir traspasos que superen los topes legales o estatutarios. Si sobra un remanente que excede el límite, la sociedad notificará al comprador para que venda esas acciones de sobra en un plazo determinado.
No puedes ejercer tu derecho preferente para comprar nuevas acciones o bonos convertibles si con esa adquisición superas los límites de propiedad o concentración de votos permitidos en los estatutos de la empresa.
En las juntas, ningún accionista puede votar por sí mismo o representando a otros superando el límite máximo de concentración fijado en los estatutos, sumando también las acciones de sus personas relacionadas. Esta restricción de voto no se aplica al Fisco.
La sociedad puede pedirte la información necesaria para saber si estás relacionado con otros accionistas, y tienes la obligación de entregarla. Si eres una empresa socia, debes detallar quiénes son tus socios principales y sus personas relacionadas cuando te lo soliciten.
Cada año, la junta ordinaria de accionistas de estas sociedades tiene la obligación de nombrar inspectores de cuentas para revisar la contabilidad e informar sobre el estado financiero de la empresa.
La junta ordinaria de accionistas debe aprobar la política de inversiones y financiamiento que proponga la administración. Este documento debe fijar los límites de deudas, áreas de inversión, activos esenciales de la empresa y las facultades del directorio para firmar contratos importantes.
Se requiere hacer una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la venta o entrega en garantía de los bienes declarados esenciales para la empresa, o si se quiere modificar antes de tiempo la política de inversión y financiamiento vigente.
Para cambiar los estatutos de la empresa en materias de límites de concentración de propiedad y voto de los socios, necesitas la aprobación de al menos el 75% de todas las acciones con derecho a voto.
Cualquier contrato o negocio de la empresa con sus directores, ejecutivos, accionistas mayoritarios o personas relacionadas a ellos debe ser aprobado previamente por dos tercios del directorio y quedar registrado por escrito en el acta.
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El acuerdo para reducir la concentración de acciones debe firmarse ante notario por escritura pública. En este documento se deben detallar con claridad las obligaciones de la sociedad y los accionistas, además del plan y los plazos para cumplirlas.
Los plazos para cumplir con la venta y desconcentración de acciones se pueden pactar de forma gradual, pero no pueden superar los cinco años desde la firma del compromiso. Para desconcentrar el primer 25%, el plazo máximo es de tres años.
Un resumen del acuerdo de desconcentración de propiedad se debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario nacional. Además, esta situación debe anotarse en el registro de accionistas y junto a las acciones de quienes firmaron el convenio.
El resumen publicado del acuerdo de desconcentración de acciones debe identificar a la empresa y a los socios firmantes, detallar el capital de la sociedad, cuántas acciones tiene el grupo controlador, las obligaciones pactadas y las fechas límites para cumplirlas.
Si no cumples a tiempo con tu compromiso de desconcentrar tus acciones, la sociedad tiene la obligación de vender en la bolsa, a tu nombre y riesgo, las acciones sobrantes necesarias para cumplir la ley, entregándote el dinero obtenido menos los gastos.
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Las leyes generales sobre el depósito y custodia de valores financieros se aplican también a los fondos de pensiones y a las AFP, siempre que no vayan en contra de las reglas especiales de esta ley de pensiones.
Al guardar o depositar los instrumentos financieros en custodia, el dueño legal registrado es el Fondo de Pensiones, no la AFP. La empresa que los custodia debe llevar cuentas separadas para cada fondo de pensiones y administradora.
Nadie puede embargar, retener ni poner prendas o hipotecas sobre los valores financieros y dineros que pertenecen a los fondos de pensiones. La única excepción es cuando se entregan en garantía autorizada para realizar operaciones de cobertura financiera de riesgo.
Las AFP no pueden usar el dinero de los fondos de pensiones para comprar inversiones que tengan embargos, deudas o prohibiciones de venta. Solo se exceptúan ciertas acciones de empresas concesionarias de infraestructura pública, bajo reglas especiales de la Superintendencia.
Las AFP deben informar a la Superintendencia el valor total y el detalle de las inversiones de los fondos de pensiones que mantienen guardadas en empresas de custodia, en el Banco Central o en cámaras de compensación, presentando certificados cuando se les pida.
Las empresas que custodian los valores financieros y las cámaras de compensación tienen la obligación de entregar a la Superintendencia de Pensiones toda la información, registros y documentos sobre las inversiones y cuentas de los fondos de pensiones para su fiscalización.
Las AFP tienen la obligación de asistir a las reuniones de depositantes de las empresas de custodia de valores. En estas juntas deben votar sobre cada decisión y exigir que su voto quede registrado por escrito, arriesgando multas si no lo hacen.
Si la empresa que custodia los dineros de los fondos quiebra o pierde su autorización para funcionar, la Superintendencia ordenará de inmediato el traslado temporal de todos esos documentos y valores al Banco Central de Chile o a otra entidad de custodia segura.
Si la empresa de custodia de valores se disuelve por cualquier motivo, se aplicará la misma regla: todas las inversiones de los fondos de pensiones guardadas allí serán trasladadas de inmediato al Banco Central de Chile o a otra entidad autorizada.
Si la empresa de custodia entra en liquidación judicial, el tribunal debe avisar a la Superintendencia. Las inversiones de los fondos de pensiones se trasladarán temporalmente al Banco Central de Chile u otra custodia autorizada, quedando totalmente fuera del proceso de quiebra de la empresa.
Una AFP puede comprar, ya sea directamente o a través de otras empresas, hasta un 7% del total de las acciones de una sociedad anónima que funcione como empresa de custodia y depósito de valores financieros.
Las AFP deben buscar siempre la mejor rentabilidad y seguridad para tu dinero, actuando solo en interés de los afiliados. Si por descuido o negligencia causan pérdidas a los fondos de pensiones, la administradora debe responder y pagar esos perjuicios.
La AFP tiene el poder y la obligación de demandar judicialmente a cualquier persona o entidad que cause daños o pérdidas a los fondos de pensiones. Estas demandas se presentan ante los tribunales civiles correspondientes y se tramitan mediante un juicio rápido.
La AFP debe indemnizar a los fondos de pensiones por los daños directos que causen ella, sus directores o trabajadores debido a faltas en sus tareas de inversión y control. Quienes participen en la falta serán responsables solidarios de pagar todo el daño.
Antes de comprar o vender cualquier instrumento financiero, la AFP debe registrar por escrito si hace el negocio para sí misma o a cuenta del fondo de pensiones. La Superintendencia fija los registros obligatorios y los auditores deben vigilar que se cumpla esto.
Los directores, gerentes y empleados de la AFP que conozcan las inversiones que el fondo hará antes de que se informen al mercado, deben guardar estricta reserva. Tienen prohibido usar esta información reservada para obtener ganancias personales o beneficiar a terceros.
