Código Civil

Este artículo simplemente deja sin efecto una normativa antigua, específicamente el decreto con fuerza de ley número uno del Ministerio de Justicia, que databa de octubre de 1999 y que nunca llegó a publicarse formalmente en el Diario Oficial.

Aquí se establece formalmente que el texto que sigue a continuación es la versión oficial, ordenada y actualizada del Código Civil, unificando todas las normas y cambios que se habían ido realizando anteriormente en un solo documento organizado para su uso.

La ley es la voluntad de la soberanía nacional que, cuando se cumple con los procesos que pide la Constitución, nos ordena hacer algo, nos prohíbe acciones o nos permite actuar de ciertas formas. Es la base de nuestras normas.

Las costumbres y tradiciones no valen como ley por sí mismas. Solo puedes considerar que una costumbre es obligatoria o parte del derecho en aquellos casos específicos donde la misma ley dice expresamente que se le debe dar validez legal.

Solo los legisladores tienen la facultad de aclarar o interpretar el sentido de la ley para todos. Por otro lado, las sentencias que dictan los jueces solo son obligatorias para las personas involucradas directamente en ese juicio y no para otros casos.

Este artículo nos dice que, si existen leyes especiales como el Código de Comercio, el de Minería o las leyes que rigen al Ejército y la Armada, esas normas específicas se aplicarán primero antes que las reglas generales del Código Civil.

Todos los años, en marzo, los jueces de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones deben informarle al Presidente de la República si encuentran dudas, problemas al aplicar las leyes o si detectan que falta alguna normativa importante en nuestro sistema.

Una ley solo es obligatoria cuando se promulga siguiendo la Constitución y se publica correctamente. Además, si la ley nació de una iniciativa parlamentaria, el decreto debe incluir los nombres de los diputados o senadores que la propusieron originalmente.

Las leyes se hacen públicas en el Diario Oficial, y desde ese momento se entiende que todos las conocemos y debemos cumplirlas. La fecha oficial de la ley es la de su publicación, salvo que la misma norma indique otra fecha diferente.

Es muy importante que sepas esto: una vez que una ley entra en vigencia, ninguna persona puede excusarse diciendo que no la conocía. La ley se presume conocida por todos los habitantes desde que es legalmente obligatoria en el país.

La ley siempre mira hacia el futuro y no se aplica hacia atrás, es decir, no es retroactiva. Solo se exceptúan las leyes que explican el sentido de otras, pero incluso ellas no cambiarán los resultados de juicios que ya terminaron antes.

Si haces algo que la ley prohíbe expresamente, ese acto no tiene ningún valor legal y es nulo. La única excepción a esto es si la misma ley señala una consecuencia diferente para ese caso en particular, en lugar de la nulidad.

Cuando la ley anula un acto para evitar fraudes o proteger el bien público o privado, esa nulidad se aplica sí o sí. No sirve de nada probar que no hubo mala intención ni fraude, pues el objetivo es cumplir la norma.

Tú puedes renunciar a ciertos derechos que te otorgan las leyes, pero ojo, esto solo es válido si el derecho te beneficia únicamente a ti y si la ley no prohíbe expresamente que puedas renunciar a ese beneficio en particular.

Si dentro de una misma ley encuentras una regla muy general y otra que se refiere a un caso o negocio específico y se contradicen, siempre debes preferir la norma que es más detallada y específica para ese caso particular.

La ley es pareja para todos en Chile. Es obligatoria sin importar si eres chileno o extranjero; todos quienes habitan en el territorio de la República deben cumplir con las disposiciones que dictan nuestras leyes por igual.

Aunque un chileno viva en el extranjero, sigue sujeto a las leyes de Chile en temas sobre su estado civil, capacidad legal y en los derechos y deberes de familia que mantenga con sus cónyuges o parientes que también sean chilenos.

Todos los bienes situados en Chile se rigen por nuestras leyes, incluso si el dueño es extranjero. Además, si se firma un contrato en otro país para cumplirse aquí en Chile, se deben respetar las leyes chilenas para todo su cumplimiento.

Para saber cómo se debe hacer un documento público, se sigue la ley del país donde se firmó. Sin embargo, la forma en que se prueba su autenticidad y validez sigue las reglas de nuestro propio Código de Enjuiciamiento.

Si la ley chilena exige un documento público para probar algo que debe tener validez en nuestro país, no bastará con presentar una escritura privada, aunque esa escritura sea totalmente válida en el país donde fue redactada originalmente.

Cuando la ley es clara, hay que seguirla tal cual, sin buscarle la quinta pata al gato. Pero si alguna parte es confusa, puedes revisar la intención real de la ley o su historia para entender qué quisieron decir los legisladores.

Las palabras de la ley se entienden en su sentido natural y cotidiano, el que todos usamos. Eso sí, si la ley define una palabra de forma especial para un tema determinado, debes usar ese significado legal y no el común.

Si la ley utiliza palabras propias de una ciencia, arte u oficio, se deben entender según lo que dicen los expertos en esa área. La única excepción es si queda claro que el legislador usó esos términos con un sentido distinto.

Para entender bien una ley, debes leerla completa y ver cómo sus partes se conectan. Si hay pasajes oscuros o complicados, puedes buscar ayuda en otras leyes que traten sobre el mismo tema para encontrar el sentido correcto.

No se debe interpretar la ley pensando si algo parece justo o injusto. La interpretación debe ser técnica y objetiva, usando las reglas que ya vimos, para determinar el verdadero alcance de la norma, sin inventar ni restringir nada.

Cuando no sepas cómo aplicar las reglas anteriores ante un texto confuso o contradictorio, debes interpretarlo buscando el espíritu general de nuestras leyes, siempre priorizando la equidad natural para que el resultado sea justo y coherente con el sistema legal completo.

Palabras como persona o niño incluyen a ambos sexos, salvo que la ley especifique lo contrario. En cambio, términos femeninos como mujer o viuda solo se refieren a mujeres, a menos que la ley diga expresamente que también abarca a los hombres.

La ley clasifica por edades: infante o niño es quien tiene menos de siete años. Impúber es el varón menor de catorce y la mujer menor de doce. Adulto es quien supera esa etapa, y mayor de edad es quien ya cumplió dieciocho años.

El parentesco por consanguinidad se mide por generaciones. En línea recta, uno desciende del otro, como nieto y abuelo. En línea colateral, ambos provienen de un antepasado común pero no descienden entre sí, tal como ocurre con los primos hermanos.

El parentesco por consanguinidad existe entre dos personas que tienen un vínculo de sangre, ya sea porque una desciende directamente de la otra o porque ambas comparten un mismo progenitor, sin importar cuántas generaciones los separen en la escala familiar.

Este artículo ha sido derogado, por lo que ya no se encuentra vigente en nuestra legislación actual y no produce efectos legales ni debe ser considerado al analizar el contenido del Código Civil chileno en la actualidad.

Este artículo ha sido derogado, lo que significa que ya no forma parte del ordenamiento jurídico vigente y carece de validez legal para su aplicación en cualquier situación o procedimiento que se presente bajo las normas chilenas actuales.

El parentesco por afinidad une a una persona casada con la familia de su cónyuge. Las leyes sobre marido y mujer se aplican ahora a todos los cónyuges, sin importar su orientación sexual, identidad de género o sexo.

Este artículo ha sido derogado, por lo tanto, ha dejado de tener vigencia legal y no debe ser utilizado ni aplicado en el contexto del actual ordenamiento jurídico chileno, habiendo perdido su validez normativa frente a la ley vigente.

El estado civil de hijo se adquiere cuando la filiación está legalmente determinada, siguiendo las reglas del Código. Es fundamental recordar que, ante la ley, no existen distinciones y todos los hijos son considerados iguales, sin excepción alguna.

Progenitores son los padres y madres con una filiación establecida. La ley reconoce a ambos padres, a dos madres o a dos padres por igual, sin distinguir sexo, orientación o identidad de género, salvo que una norma diga lo contrario.

Este artículo ha sido derogado, por lo que ya no posee validez legal ni vigencia dentro del ordenamiento jurídico chileno. No debe ser invocado ni aplicado, ya que su contenido ha sido excluido de la normativa legal actualmente vigente.

Este artículo ha sido derogado, careciendo actualmente de efectos jurídicos. Por lo tanto, no debe ser considerado parte de la legislación activa ni aplicarse en ningún caso bajo las normas vigentes de nuestro sistema legal en Chile.

La filiación, que es el vínculo jurídico entre padres e hijos, no siempre está definida para ambos progenitores. Es perfectamente posible, bajo nuestra ley, que la filiación de un hijo se encuentre determinada solo respecto de uno de ellos.

Este artículo ha sido derogado, lo que implica que ya no está vigente en la normativa chilena. No debe ser tenido en cuenta para ninguna interpretación o aplicación de la ley actual, al haber perdido su fuerza obligatoria.

Este artículo ha sido derogado, por lo que ha dejado de pertenecer al sistema legal vigente. No produce efectos ni es aplicable, debiendo descartarse su uso en cualquier análisis jurídico sobre la legislación nacional que nos rige hoy.

Este artículo ha sido derogado. Esto significa que ya no tiene validez legal dentro del Código Civil ni en el ordenamiento jurídico de Chile, por lo que no debe ser considerado al revisar las normas que están actualmente vigentes.

Los hermanos pueden ser de doble o simple conjunción. Son de doble conjunción si comparten ambos padres, y de simple conjunción si solamente tienen un progenitor en común. Es una distinción básica para entender los vínculos de parentesco fraternal.

Si la ley pide oír a parientes, se llama al cónyuge y consanguíneos mayores. Si faltan, se consulta a los afines. Se prioriza a ascendientes y descendientes sobre los otros. La citación y comparecencia siguen las reglas del procedimiento judicial.

Los representantes legales de una persona son, principalmente, sus progenitores, ya sean ambos o uno solo. También se incluyen en esta categoría el adoptante y, si corresponde, el tutor o curador legalmente designado para proteger sus intereses.

La ley distingue tres tipos de culpa: grave (negligencia total), leve (falta de cuidado común) y levísima (falta de esmero). La grave equivale al dolo, que es la intención clara de causar daño a otra persona o a sus bienes.

La fuerza mayor o caso fortuito es un evento imprevisto e imposible de evitar. Ejemplos claros son un terremoto, un naufragio, una detención por enemigos o los actos de autoridad realizados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Caución es toda obligación que entregas para asegurar que se cumplirá otra obligación, ya sea tuya o de alguien más. Los ejemplos más conocidos en la vida cotidiana son la fianza, la hipoteca y la prenda de garantía.

Una presunción es deducir un hecho de antecedentes conocidos. Si la ley los determina, es legal. Algunas permiten probar lo contrario, pero si la ley dice que algo se presume de derecho, no se admite ninguna prueba que lo contradiga.

Los plazos legales son completos y terminan a medianoche. Si son meses o años, deben coincidir los números de los días. Si un mes es más corto, el plazo finaliza el último día de ese mes. Esto rige para todas las leyes.

Cuando una ley te da un plazo, este vence a la medianoche del último día. Si el ejercicio de un derecho depende de que pase cierto tiempo, este solo nace o muere una vez que termina la medianoche del último día indicado.

En los plazos que señalan las leyes o tribunales, todos los días se cuentan, incluso los feriados. La única excepción es cuando se especifica que se trata de 'días útiles', caso en el cual los feriados no se suman al conteo final.

Las medidas como peso, distancia o tiempo que aparecen en leyes o resoluciones judiciales deben entenderse según lo que la ley defina. Si no hay definición legal, se usará el sentido popular y común, a menos que se indique algo distinto.

Las leyes se pueden eliminar de dos formas: expresa, cuando la nueva ley dice claramente que borra la anterior, o tácita, cuando la nueva ley tiene reglas que chocan con la antigua. Esta eliminación puede ser total o solo afectar una parte.

Si una ley elimina a otra de forma tácita, es decir, porque chocan sus contenidos, todo aquello de la ley antigua que no contradiga las nuevas reglas se mantiene vigente y sigue siendo totalmente aplicable para ti en esos puntos.

La ley clasifica a las personas en dos grupos: las personas naturales, que somos los seres humanos, y las personas jurídicas, que son entes como empresas o instituciones. Las reglas sobre estas últimas están al final de este Libro.

Cualquier ser humano es considerado persona, sin importar su edad, sexo o condición. Para efectos de nuestra legislación, todos los individuos que componen la especie humana se dividen únicamente en dos grupos: los chilenos y los extranjeros.

La Constitución del Estado es la que define exactamente quiénes son chilenos. Cualquier persona que no cumpla con lo que dice la Constitución para ser chileno es considerada, para todos los efectos legales, como un extranjero.

Quédate tranquilo, la ley no hace distinciones entre chilenos y extranjeros en cuanto a los derechos civiles. Ambos tienen el mismo derecho a adquirir y disfrutar de los beneficios y normas que están escritos en este Código Civil.

Además de la distinción entre chilenos y extranjeros, la ley clasifica a las personas basándose en su permanencia en un lugar. Así, las personas se dividen en dos categorías: aquellas que están domiciliadas y aquellas que son simplemente transeúntes.

Tu nombre es el conjunto de palabras que te identifica legalmente ante la sociedad. Este se compone de tus nombres propios y de los apellidos que aparecen anotados oficialmente en tu respectiva acta de inscripción de nacimiento en el Registro Civil.

Los padres deciden el orden de los apellidos para el primer hijo, y ese orden se usará para todos los hermanos. Si no hay acuerdo, se sortea. Si solo filia con uno, se usa su apellido, pero el orden se ajusta después.

El domicilio es el lugar donde resides con la intención real o supuesta de quedarte a vivir ahí. Este concepto se divide en dos tipos: el domicilio político, que es a nivel de país, y el domicilio civil, a nivel local.

El domicilio político se refiere al territorio del Estado en su totalidad. Tenerlo implica ser miembro de la sociedad chilena, incluso si mantienes tu nacionalidad extranjera. Cómo se adquiere y sus efectos se rigen por las normas del Derecho Internacional.

El domicilio civil es mucho más específico que el político, ya que no se refiere al país completo, sino que se centra exclusivamente en una parte determinada del territorio del Estado donde resides o desarrollas tu vida habitualmente.

Para determinar cuál es tu domicilio civil o tu vecindad, la ley se fija en el lugar donde tienes tu asiento principal o en el sitio donde ejerces de forma habitual tu profesión u oficio. Ese es tu lugar de referencia.

Vivir un tiempo en una casa no te da domicilio automáticamente si tu hogar real está en otro lado. Si tu estancia es accidental, como un viaje, un trabajo temporal o un negocio ambulante, no se presume que tienes ánimo de quedarte.

Se asume que quieres quedarte si abres un negocio, fábrica o taller que administras tú mismo, o si aceptas un cargo público fijo. Estas acciones demuestran que tu intención es establecerte de forma permanente en ese lugar específico.

No pierdes tu domicilio solo por vivir fuera mucho tiempo. Si mantienes a tu familia y el centro de tus negocios en tu lugar de origen, conservas ese domicilio, incluso si te obligan a alejarte por razones judiciales o destierro.

Las autoridades eclesiásticas, como los obispos o los curas, que por sus funciones están obligados a vivir en un lugar específico, tienen legalmente su domicilio civil en esa misma zona donde deben cumplir con su residencia habitual.

Si tienes situaciones que vinculan tu vida a varios lugares, podrías tener domicilio en todos ellos. Sin embargo, si surge un asunto legal que se refiere exclusivamente a una de esas localidades, solo esa será tu domicilio para ese caso.

Si no tienes un domicilio civil establecido en ninguna parte, la simple residencia en un lugar determinado hará las veces de tu domicilio. Es decir, donde estés viviendo actualmente ocupará ese puesto legal mientras no definas otra cosa.

Al firmar un contrato, tú y la otra parte pueden acordar libremente establecer un domicilio especial. Este domicilio servirá únicamente para los temas judiciales o extrajudiciales que puedan surgir directamente de ese contrato que acaban de celebrar.

El domicilio en una parroquia, municipio o provincia se rige por las leyes y ordenanzas locales de cada lugar. Si esas normas no dicen algo específico, se aplican las reglas generales que hemos visto anteriormente en este título.

Este artículo no contiene información vigente, ya que ha sido derogado, por lo que carece de aplicación práctica o contenido legal actual en el Código.

Si eres menor de edad, tu domicilio legal es el mismo de la persona que tiene tu patria potestad. Si estás bajo tutela o curaduría, tu domicilio será el de la persona encargada de cuidarte legalmente.

Tu domicilio también es el de las personas que trabajan para ti y viven contigo bajo el mismo techo. Esto es sin perjuicio de las reglas que ya explicamos sobre menores y personas bajo tutela.

Tu existencia legal comienza al nacer, específicamente cuando te separas completamente de tu madre. Si una criatura fallece antes de separarse de la madre o no sobrevive ni un instante después de esa separación, se considera que nunca existió.

La ley protege la vida del que está por nacer. El juez puede tomar medidas para protegerlo si peligra. Además, si la madre debe cumplir un castigo, este se postergará hasta que nazca la criatura para no afectar su salud.

Se presume legalmente que la concepción ocurrió entre 180 y 300 días antes de la fecha de nacimiento. Este cálculo se realiza contando hacia atrás desde la medianoche en que comenzó el día en que nació la persona.

Los derechos que recibiría un bebé si hubiera nacido quedan en pausa hasta que efectivamente nazca. Si nace vivo, recibe sus derechos como si siempre hubiera existido. Si muere antes, sus derechos pasan a otros como si nunca hubiera nacido.

La existencia legal de una persona termina definitivamente cuando ocurre su muerte natural.

Si varias personas mueren en un mismo accidente, como un incendio o naufragio, y no es posible saber quién murió primero, la ley asume que todas fallecieron al mismo tiempo, sin que ninguna haya sobrevivido a la otra.

Una persona se considera legalmente muerta cuando desaparece, no se sabe si está viva o no, y se cumplen los requisitos específicos que la ley detalla para estos casos.

Un juez puede declarar la muerte presunta tras cinco años sin noticias del desaparecido, habiendo intentado ubicarlo y publicado citaciones. Se fija una fecha presunta de muerte y se entrega la posesión de sus bienes a sus herederos.

El juez puede entregar la posesión definitiva de los bienes del desaparecido si ya pasaron diez años desde las últimas noticias, sin importar la edad que tendría, o si el desaparecido ya tendría setenta años cumplidos.

Mientras transcurren los plazos legales para declarar la muerte presunta, la situación del desaparecido se considera solo una ausencia. Sus bienes seguirán siendo administrados por las personas que él dejó encargadas o sus representantes legales.

Los herederos presuntivos son quienes tenían derecho a heredar al desaparecido en la fecha en que se fijó su muerte presunta. Ellos toman el control de todos los bienes, derechos y acciones que el ausente tenía en ese momento.

Los herederos que reciben los bienes de forma provisoria deben realizar obligatoriamente un inventario solemne de todo lo que reciben, o revisar y corregir el que ya exista, para dejar constancia clara de los bienes.

Los herederos que tienen la posesión provisoria de los bienes son quienes representan al desaparecido ante terceros. Esto significa que ellos deben asumir la defensa de los intereses y bienes en cualquier juicio o acción judicial.

Los poseedores provisorios pueden vender muebles si el juez lo permite. Para vender o hipotecar bienes raíces, necesitan demostrar necesidad o utilidad clara ante el juez y realizar la venta mediante una subasta pública.

Quienes reciben los bienes de forma provisoria deben dar una garantía de que cuidarán y devolverán los bienes si fuera necesario. A cambio, ellos pueden quedarse con las ganancias o intereses que esos bienes produzcan.

Si el desaparecido no aparece, se decreta la posesión definitiva y se eliminan las cauciones. Ya no hay restricciones para vender los bienes. Si no hubo posesión provisoria antes, la sucesión se abre normalmente con el decreto definitivo.

Con la posesión definitiva, las personas que tenían derechos sujetos a la muerte del desaparecido (como legatarios o quienes esperaban una herencia) pueden ejercer esos derechos legalmente, tal como si el desaparecido hubiera fallecido realmente.

Quien reclama un derecho basado en la muerte del desaparecido en la fecha fijada no necesita probarla. Sin embargo, quien reclame un derecho basado en una fecha distinta debe probarlo; de lo contrario, no podrá exigir nada.

La sentencia de muerte presunta puede ser anulada (rescindida) si el desaparecido reaparece. También pueden pedir esta anulación sus hijos o cónyuge que hayan aparecido o surgido durante el tiempo en que la persona estuvo desaparecida.

Si se anula la muerte presunta, el desaparecido recupera sus bienes en el estado en que estén. Las ventas o hipotecas legales se mantienen. Quienes tuvieron los bienes se consideran de buena fe, salvo que ocultaran la verdad.

Si alguien desaparece en condiciones donde es evidente que murió, aunque no se encuentre su cuerpo, el juez puede declarar la muerte probada legalmente para todos los efectos civiles e inscribirla en el Registro Civil.

Un resumen de la resolución judicial que declara probada la muerte del desaparecido debe publicarse en el Diario Oficial en un plazo de sesenta días, detallando los datos de la persona y la fecha fijada de su fallecimiento.