Código Civil

Los curadores adjuntos actúan de forma independiente a padres o guardadores. Sin embargo, la responsabilidad legal que recae sobre tutores o curadores que no administran bienes también se extiende a quienes ejercen la patria potestad o tutela sobre estos curadores adjuntos.

Las curadurías especiales son siempre dativas, lo que significa que el juez es quien las asigna. Si el curador es un procurador de número, no necesita cumplir con el trámite de discernimiento del cargo para empezar a actuar en el juicio.

Si te nombran curador especial, no estás obligado a hacer un inventario de bienes. Solo debes entregar un recibo formal por los documentos, dinero o cosas que recibas para cumplir tu labor y luego rendir cuentas de forma clara y exacta.

La ley establece reglas claras sobre quiénes pueden ser tutores o curadores. Existen situaciones donde la ley prohíbe directamente a ciertas personas asumir estos cargos y otras circunstancias que permiten a alguien excusarse legalmente de tener que cumplirlos.

Hay personas que no pueden ser tutores o curadores, como ciegos, mudos, dementes, quienes tengan deudas pendientes, quienes no tengan domicilio en Chile, no sepan leer ni escribir, tengan mala conducta, antecedentes penales graves, o hayan sido removidos de cargos anteriores por mala administración.

Además de las prohibiciones anteriores, tampoco pueden ser tutores o curadores quienes deban desempeñar, por un tiempo largo o indefinido, algún cargo o comisión pública que los obligue a estar fuera del territorio de Chile de forma permanente.

Este artículo ha sido derogado, por lo que ya no se encuentra vigente en nuestra legislación actual.

Para ser tutor o curador debes tener al menos veintiún años. Si el heredero es menor, se esperará a que cumpla la edad, nombrando a alguien interino mientras tanto. Si al cumplir esa edad le quedarían menos de dos años de cargo, el nombramiento es inválido.

Si no hay seguridad sobre tu edad, se aplicarán las reglas legales para determinarla. Una vez que se te asigne el cargo tras esa verificación, tu nombramiento será totalmente válido y se mantendrá firme, sin importar cuál sea tu edad real posteriormente.

La ley es clara en este punto: por razones de protección y para evitar conflictos de interés, el padrastro no tiene permitido actuar como tutor o curador de su entenado.

Si los cónyuges están totalmente separados de bienes, no pueden ser curadores del otro. No obstante, en regímenes de gananciales o separación convencional, el juez, tras escuchar a la familia, podría autorizar a uno de los cónyuges para ejercer la guarda.

La ley prohíbe expresamente que un hijo pueda ejercer como curador de su padre si este ha sido declarado disipador, buscando evitar situaciones que puedan afectar la relación y el cuidado entre ellos.

No puedes ser tutor ni curador de una persona si actualmente tienes un juicio pendiente con ella sobre su estado civil, o si ya han tenido disputas de este tipo anteriormente, para garantizar imparcialidad en la administración de sus asuntos.

Los acreedores, deudores o personas en juicio con el pupilo no pueden ser sus tutores solos. El juez decidirá si nombra a otros para administrar juntos o si los inhabilita, aunque esto no aplica para cónyuges, ascendientes ni descendientes del pupilo.

Las restricciones del artículo anterior no aplican al tutor testamentario si quien lo nombró ya sabía de las deudas o pleitos al elegirlo. Tampoco se aplica si el juez considera que los montos o el conflicto legal son de poca importancia.

Si profesas una religión distinta a la que se le debe dar al pupilo, no puedes ser su tutor. Esto cambia solo si los ascendientes o los parientes más cercanos del niño aceptan expresamente que asumas el cargo a pesar de esa diferencia.

La ley es tajante: si durante el tiempo en que ya estás ejerciendo como tutor o curador llegas a caer en alguna de las causas de incapacidad que menciona la ley, el cargo termina de inmediato.

Si una mujer está ejerciendo una tutela o curaduría y contrae matrimonio, puede seguir en su cargo sin problemas. Solo perderá su puesto si, por casarse, el pupilo termina quedando bajo la patria potestad de su nuevo marido o mujer.

Si ocultas una causa de incapacidad al asumir o mientras ejerces el cargo, perderás todo derecho a cobrar por el tiempo que trabajaste conociendo esa falta. Además, si ocultas que eres incapaz, tus actos no son nulos hasta que la incapacidad se descubre.

Si crees que eres incapaz para el cargo, tienes plazos legales para avisar al juez. Si la incapacidad surge después, debes avisar en tres días. Cualquier persona, ya sean familiares, el cónyuge o cualquier ciudadano, puede denunciar ante el juez tu incapacidad.

Puedes excusarte de ser tutor o curador si ocupas altos cargos públicos, vives lejos, tienes enfermedades graves, más de 65 años, pocos recursos, muchos hijos, ejerces otras guardas, eres religioso o militar en servicio activo, entre otras situaciones personales detalladas en la ley.

Si ya ejerces dos guardas de personas que no son tus hijos, tienes el derecho de pedir que te liberen de una de ellas para poder encargarte de la tutela o curaduría de tu propio hijo, sin poder negarte a esta última.

Aunque el artículo sobre las excusas mencione que quienes tienen bajo su patria potestad a cinco o más hijos pueden excusarse de ser tutores o curadores, esta regla no se puede usar bajo ninguna circunstancia para negarse a cuidar a un propio hijo.

No puedes usar como excusa para no asumir el cargo el hecho de no encontrar a alguien que te respalde (fiadores). Si tienes bienes propios suficientes, estás obligado a ofrecer una hipoteca o prenda sobre ellos para garantizar tu correcta administración.

Si has cuidado a una misma persona por diez años seguidos como tutor o curador, puedes pedir dejar el cargo. Ojo, esto no aplica si eres su cónyuge, padre, madre, hijo o nieto; ellos deben seguir cuidando al pupilo.

Si tienes alguna razón válida para no aceptar o dejar el cargo de tutor o curador, debes avisar apenas te nombren. Si el motivo aparece después de empezar a trabajar, debes informarlo en ese preciso momento.

Tienes treinta días para excusarte si vives donde está el juez. Si vives en otro lugar de Chile, el plazo aumenta cuatro días por cada cincuenta kilómetros de distancia entre esa ciudad y donde realmente vives.

Si te demoras más del tiempo legal sin una causa justificada, serás responsable por los daños que causes al pupilo. Además, perderás el derecho a excusarte voluntariamente, a menos que sea mejor para el pupilo que te vayas.

Si mientras ejerces el cargo de tutor o curador aparece una razón legal para excusarte, no importa cuánto te demores en comunicarlo al juez; tu derecho a presentar esa excusa no se pierde por el paso del tiempo.

Si el tutor vive en el extranjero o no se sabe dónde está, el juez fijará un plazo para que aparezca y acepte el cargo o se excuse. Si el plazo vence, el juez puede anular el nombramiento, aunque el tutor aparezca después.

Si presentas razones para no aceptar el cargo o alegas que tienes una incapacidad, el juicio para decidir si tus excusas son válidas debe llevarse a cabo con la participación del defensor correspondiente del pupilo.

Si el juez rechaza tus excusas y no apelas, o si el tribunal superior confirma la negativa, serás responsable por los perjuicios que tu demora le cause al pupilo. Esto no aplica si decides trabajar mientras se resuelve el asunto.

Como pago por tu trabajo, recibes la décima parte de los frutos que generan los bienes del pupilo. Si son varios cuidadores, se reparten esa parte. El juez puede ajustar esta remuneración si hay una desproporción injusta entre el trabajo realizado.

La repartición de la décima parte se hace bajo las reglas generales, a menos que el juez o las partes decidan cambiarla mediante un acuerdo o decreto formal, lo cual solo empezará a regir desde esa fecha en adelante.

Todos los gastos necesarios que debas realizar para cumplir bien con tus labores de tutor o curador deben pagarse aparte. Estos costos no se descuentan de tu décima parte, pues son reembolsables por cuenta del pupilo.

Si el testamento te asigna una recompensa, esta se toma de tu décima parte. Si la recompensa es menor, puedes pedir que completen lo que falta. Si es mayor, no estás obligado a devolver el exceso si el testador podía disponer libremente.

Si logras que acepten tus excusas para no ser tutor, pierdes el derecho a cualquier pago que se te haya prometido en el testamento. Si las causas de excusa aparecen después de empezar, solo perderás una parte proporcional del pago.

Si ya tenías una incapacidad antes de ser nombrado, no recibes el pago. Pero si la incapacidad aparece sin que sea tu culpa, o si falleces ejerciendo el cargo, no estás obligado a devolver el dinero que ya recibiste como remuneración.

Si un tutor interino reemplaza totalmente al titular, se queda con toda la décima parte de los frutos. Si el titular mantiene algunas funciones, la décima se reparte. Si el pago es una herencia, el titular la conserva intacta.

Si actúas con fraude o desorden, pierdes tu décima parte y debes devolver lo que ya te pagaron. Por negligencia, perderás la parte proporcional a los daños causados. En ambos casos, el pupilo puede exigir que repares los perjuicios.

Si los bienes del pupilo apenas alcanzan para que él pueda vivir, tu trabajo será gratuito. Si más adelante el pupilo obtiene más ingresos o bienes, no puedes exigirle que te pague retroactivamente por el tiempo que trabajaste gratis.

Cobrarás tu décima parte a medida que los bienes del pupilo produzcan frutos. Para calcular cuánto te corresponde, el juez restará los gastos de producción y las obligaciones que afecten los bienes, para obtener el valor real de la ganancia.

Para los frutos que estén pendientes de recolección al momento de empezar o terminar tu labor como tutor o curador, se aplicarán las mismas reglas que existen para el usufructo respecto a quién le corresponde esa parte de la cosecha.

No se consideran frutos (para tu décima parte) lo que al separarse daña el valor del terreno, como la madera de bosques no gestionados. Sin embargo, sí se incluyen las ganancias obtenidas por la explotación de minas o canteras.

Los curadores especiales, de herencias yacentes o de bienes de ausentes no tienen derecho a la décima parte. El juez les fijará un pago justo, ya sea una cantidad fija o una parte de los frutos, según el trabajo realizado.

Pueden destituirte por ser incapaz, actuar con fraude o culpa grave, ser inepto, descuidar el manejo de bienes o tener una conducta inmoral. Si eres familiar directo, por descuido no te sacan, pero te asignarán a otro tutor de apoyo.

Si los bienes del pupilo se están echando a perder o sus ganancias bajan mucho, se asume que eres descuidado. Si no logras dar una buena explicación al juez sobre por qué pasó esto, serás removido de tu cargo como tutor.

Si manejas varias tutelas y te expulsan de una por fraude o culpa grave, automáticamente serás removido de todas las demás. Esto puede pedirlo el defensor, cualquier persona interesada o el juez por cuenta propia.

Si alguien está a cargo de un menor (pupilo) y no lo está haciendo bien, cualquiera de sus familiares, su pareja, o incluso cualquier persona puede pedir que lo cambien. El pupilo, si ya es mayor de edad, también puede pedirlo. El juez puede iniciar el proceso solo. Siempre se escuchará a los familiares y al fiscal.

Si hay un juicio para quitarle el cargo a un tutor o curador, el tribunal puede nombrar a uno interino si cree que es necesario tras escuchar a la familia. Este reemplazo puede desplazar al dueño, excepto si es pariente cercano.

Si a un tutor o curador lo sacan de su cargo, está obligado a compensar completamente al pupilo por los daños causados. Además, deberá enfrentar acciones penales por cualquier delito que haya cometido mientras ejercía sus funciones como tutor.

Una persona jurídica es una entidad ficticia con derechos y obligaciones. Existen corporaciones, que son grupos con fines comunes, y fundaciones, que usan bienes para un fin de interés general. Ambas tienen capacidad para actuar legalmente y ser representadas ante tribunales.

No se consideran personas jurídicas aquellas organizaciones o fundaciones que no hayan sido creadas siguiendo estrictamente lo que dice la ley o las reglas explicadas en este título del Código Civil.

Este título no aplica a las sociedades industriales, que se rigen por otras normas. Tampoco incluye a instituciones públicas como el Fisco, municipalidades, iglesias o entidades financiadas por el Estado, las cuales funcionan bajo sus propias leyes y reglamentos especiales.

Para crear una asociación o fundación, debes formalizar el acto ante notario o funcionario autorizado y depositarlo en la municipalidad. El secretario puede objetar si faltan requisitos. Si todo está en regla, el Registro Civil oficializará su personalidad jurídica tras la inscripción.

Al crear una persona jurídica, el documento oficial debe identificar a quienes participan, declarar expresamente la voluntad de formarla, aprobar los estatutos que la regirán y nombrar a las primeras personas que estarán a cargo de su administración.

Los estatutos deben incluir: nombre, domicilio, duración, objetivos, patrimonio inicial y cómo se administrará. También deben explicar cómo se reforma o disuelve, y qué pasará con los bienes. Las asociaciones detallan los derechos de socios y las fundaciones, el aporte inicial.

El nombre debe reflejar el objetivo de la organización y no puede confundirse con otras entidades ni usar nombres de personas sin permiso, a menos que hayan pasado veinte años desde su fallecimiento o se cuente con la autorización de sus herederos.

Cualquier persona que se sienta perjudicada por las reglas de los estatutos de una corporación puede acudir a los tribunales. El juez podrá ordenar que se corrijan estas normas para reparar el daño causado o evitar futuros perjuicios a los afectados.

Los bienes y deudas de una corporación son independientes de sus miembros. Si la corporación no es legal, sus integrantes responden personalmente por sus actos. Los socios solo responden por deudas ajenas si aceptan expresamente y por escrito asumir esa responsabilidad solidaria.

La asamblea de socios es la máxima autoridad. Se debe reunir al menos una vez al año, o cuando sea necesario. Lo que decida la mayoría de los socios con derecho a voto en la asamblea se considera la voluntad oficial de la corporación.

La asociación es dirigida por un directorio de al menos tres personas por hasta cinco años. No pueden ser directores quienes tengan penas aflictivas. El directorio debe rendir cuentas a la asamblea, y cualquier socio tiene derecho a pedir información sobre las gestiones.

Los directores trabajan gratis, pero pueden recibir reembolsos por gastos debidamente justificados. Si un director realiza tareas extra o un socio hace trabajos remunerados, esto debe informarse detalladamente a la asamblea o al directorio, según corresponda, para que todos estén al tanto.

Los directores son responsables solidarios si, por actuar con culpa leve, causan algún daño a la asociación. Si un director no está de acuerdo con una decisión tomada, debe dejar constancia de su oposición para no ser responsable de los posibles perjuicios.

Lo que haga el representante de una corporación será válido y obligará a la entidad siempre que se mantenga dentro de sus atribuciones. Si el representante se excede y actúa fuera de sus límites, él deberá responder personalmente por sus actos.

Los estatutos son obligatorios para todos los miembros. Las sanciones disciplinarias deben aplicarse a través de un tribunal de honor o comisión de ética, respetando siempre un proceso justo. Quien administra la asociación no puede participar en el órgano disciplinario.

Este artículo ha sido derogado.

Si alguien comete delitos como fraude, malversación o mal uso de los fondos de la corporación, recibirá las sanciones establecidas en los estatutos internos, además de las penas que la justicia común aplique según las leyes del país por esos mismos delitos.

Las asociaciones y fundaciones pueden tener bienes de todo tipo. Sus ingresos provienen de sus actividades o aportes de socios. Es muy importante saber que las utilidades o beneficios que obtengan jamás pueden repartirse entre los miembros, ni siquiera al disolverse.

El Ministerio de Justicia vigila a las asociaciones y fundaciones. Puede pedir libros de contabilidad, actas y toda información sobre su gestión. Si hay problemas, puede exigir correcciones o acudir a un juez para proteger los intereses de la entidad o terceros.

Estas entidades deben llevar contabilidad ordenada, preparar una memoria anual y un balance aprobado. Si superan ciertos ingresos o patrimonio, están obligadas a contratar auditores externos independientes para que revisen sus cuentas y estados financieros según las normas vigentes.

Las asociaciones y fundaciones pueden realizar actividades económicas y realizar inversiones relacionadas con sus objetivos. Todo el dinero o ganancias que generen deben reinvertirse obligatoriamente en la misma institución para cumplir sus metas o aumentar su patrimonio, sin fines de lucro.

Todo lo que se decida y acuerde en las reuniones de directorio o asambleas debe quedar registrado formalmente en un libro de actas. Además, deben mantener siempre actualizados los registros de sus socios, directores y todas las autoridades que indiquen sus estatutos.

Para cambiar los estatutos, se requiere una asamblea especial. Si se quiere disolver o fusionar la asociación, se necesita el voto de dos tercios de los asistentes. En fundaciones, el directorio propone cambios con informe del Ministerio, siempre respetando las formalidades legales.

Una asociación termina si vence su plazo, por decisión de sus socios, si lo ordena un juez por infringir la ley o cumplir su fin, o si lo dicen sus estatutos. La justicia actúa ante peticiones fundadas del Ministerio de Justicia o instituciones interesadas.

Este artículo fue derogado, por lo que ya no tiene validez legal ni aplicación práctica actualmente.

Si una corporación se disuelve, sus bienes se reparten según indiquen sus propios estatutos. Si no dicen nada, los bienes pasan al Estado, y el Presidente de la República decide cómo usarlos para fines parecidos a los que tenía la institución original.

Las fundaciones de beneficencia se manejan según las reglas que dejó el fundador. Si esas reglas no existen o están incompletas, se debe aplicar el procedimiento formal indicado para las corporaciones según la normativa vigente en la ley sobre estas instituciones.

Todas las reglas que explicamos anteriormente para las corporaciones y sus miembros también se aplican por igual a las fundaciones de beneficencia y a las personas encargadas de administrarlas, sin hacer distinciones importantes entre ambos tipos de organizaciones.

Las fundaciones de beneficencia dejan de existir y terminan su labor cuando los bienes o recursos que eran necesarios para mantenerlas funcionando se destruyen totalmente, haciendo imposible que la institución pueda seguir operando conforme a su propósito original.

Los bienes se dividen en corporales e incorporales. Los corporales son los que ocupan un lugar y puedes tocar, como una casa o un libro. Los incorporales son derechos que no puedes tocar, como las deudas a tu favor o servidumbres.

Las cosas corporales, es decir, todo aquello que tiene un ser real y se puede percibir con los sentidos, se clasifican legalmente en dos grandes grupos: los bienes muebles y los bienes inmuebles, dependiendo de su capacidad de movimiento.

Muebles son las cosas que puedes trasladar, ya sea solas como los animales o por fuerza externa. Ojo, que algunas cosas que se mueven pueden considerarse inmuebles si están destinadas permanentemente a un bien raíz, según lo explica la ley.

Los inmuebles, también llamados bienes raíces o fincas, son las cosas que no puedes mover, como la tierra, minas, edificios o árboles. Cuando hablamos de casas o terrenos, usamos términos como predios o fundos para referirnos a ellos.

Las plantas son inmuebles mientras tengan sus raíces en la tierra, pues se consideran parte del suelo. Ahora, si están en maceteros o cajones que puedes mover de un lugar a otro, dejan de ser inmuebles y pasan a ser muebles.

Hay cosas que, aunque se pueden mover, se consideran inmuebles porque sirven para el uso o beneficio de un predio. Esto incluye herramientas de labranza, animales de faena, tuberías, máquinas industriales fijas, abonos y animales de criaderos que adhieren al suelo.

Los productos y accesorios de un inmueble, como frutos, madera o metales, se consideran muebles incluso antes de separarlos, siempre que se busque crear un derecho sobre ellos a favor de alguien distinto al dueño del terreno o la mina.

Los adornos o cosas de comodidad que fijas en las paredes de tu casa son muebles si los puedes sacar sin dañar la estructura. Pero, si están empotrados o son parte integral de la pared, pasan a ser considerados como inmuebles.

Las cosas que son inmuebles por ayudar a un bien raíz no dejan de serlo si las separas momentáneamente, como bulbos para plantar o losas para reparar algo. Pero, si las separas con intención de darles otro uso, se vuelven muebles.

Cuando la ley habla de bienes muebles, se refiere a cosas trasladables. Pero ojo, el ajuar de una casa no incluye dinero, documentos, colecciones, joyas, ropa, armas, libros o herramientas de trabajo; esas cosas quedan fuera de esa categoría general.

Las cosas muebles pueden ser fungibles o no fungibles. Las fungibles son aquellas que, por su naturaleza, se consumen o destruyen apenas las usas, como el dinero cuando lo gastas, ya que dejas de tener la misma unidad monetaria específica.

Las cosas incorporales, que son aquellos derechos que no tienen un cuerpo físico, se dividen principalmente en dos grandes categorías: los derechos reales y los derechos personales, dependiendo de cómo y contra quién se pueden ejercer dichas facultades legales.

Un derecho real es el que tienes sobre una cosa sin importar quién más esté involucrado. Ejemplos son el dominio, la herencia, el usufructo, el uso, la habitación, servidumbres, prenda e hipoteca. De estos nacen las acciones reales para defenderlos.

Los derechos personales o créditos solo se pueden reclamar a personas específicas que tienen una obligación contigo, ya sea por un contrato o por la ley. Ejemplo: cobrar un préstamo a un deudor o pedirle una pensión alimenticia a tu padre.

El derecho de censo es especial porque tiene dos caras. Es personal cuando le cobras directamente a la persona obligada, aunque no tenga la propiedad, y es real cuando tu objetivo legal es perseguir directamente la finca afectada por el censo.

Si un derecho o acción es mueble o inmueble depende de la cosa sobre la cual recae. Si es un derecho sobre un inmueble, el derecho es inmueble. Si es para cobrar dinero, el derecho se considera un bien mueble.

Las obligaciones de hacer algo, como cuando contratas a un artesano para una obra, se consideran bienes muebles. Por lo tanto, la acción legal para exigir que se realice el trabajo o que te paguen una indemnización es un bien mueble.

El dominio o propiedad es el derecho real que tienes sobre algo corporal para usarlo y disponer de ello como quieras, siempre respetando la ley y los derechos ajenos. Si no puedes usar la cosa, tienes lo que llaman nuda propiedad.

La propiedad no solo existe sobre cosas físicas, también aplica a cosas incorporales o derechos. Por ejemplo, si tienes un derecho de usufructo sobre algo, legalmente eres el dueño de ese derecho de usufructo y puedes ejercer tu propiedad sobre él.